En estos momentos, el Concello de Cangas tiene 800.000 euros que, en el caso de que no haya un presupuesto para 2023, deberán ir al pleno para pagar las distintas facturas que alcanzan esa cantidad mediante reconocimientos extrajudiciales, con los ya consabidos reparos de la Intervención Municipal, lo que obligaría a la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) a levantar los mismos. Los técnicos municipales consideran que todo sería más fácil con un presupuesto aprobado para 2023, aunque fuese a durar solo tres meses, ya que ayudaría también a no subir el pago medio a proveedores. Porque se insiste en que el Concello de Cangas tiene liquidez, lo que ocurre es que trabaja con unos presupuestos que se hicieron para afrontar la pandemia y que ahora mismo no tienen validez y se deben adaptar a la nueva normalidad. Los últimos presupuestos aprobados por el pleno del Concello de Cangas son los de 2020, en medio de la pandemia por COVID.
Los que el gobierno local pretenden que se aprueben en el próximo pleno y que son los de este años fueron elaborados con criterios estrictamente técnicos, para salvar situaciones que nada tiene que ver con comportamientos políticos, sino con la falta de un nuevo presupuesto. El gobierno cree que eso lo debe entender la oposición municipal. De hecho, su proyecto económico, que alcanza los 18 millones de euros , ya fue entregado a la oposición municipal y también a los trabajadores municipales.
De momento, ni Alternativa dos Veciños ni el Partido Popular se pronunciaron al respecto ni manifestaron interés en reunirse con el concejal de Facenda del Concello de Cangas, Oliver Álvarez. Tal vez porque la estrategia sea esperar a la comisión informativa previa al pleno para pronunciarse.
Aunque el PP no hizo oficial su postura, sí recordó que el presupuesto, en caso de aprobarse, tendrá que estar un mes a exposición pública, por lo que el documento apenas serviría para dos meses. Así que no se mostró muy entusiasta con la idea, aunque también es contrario al levantamiento de reparos. Los técnicos plantearon al gobierno que la mejor de las opciones para hacer frente a los problemas técnicos del actual presupuesto prorrogado era un nuevo presupuestos. Las otras dos fórmulas son la modificación de crédito o la ya dicha del reconocimiento extrajudicial de crédito.
Después está el problema de la inflación, que afecta también a las nóminas de los trabajadores.
