El centro urbano de Cangas acoge 79 viviendas “en estado ruinoso o de abandono” , la práctica totalidad en calles del Casco Vello, con graves deficiencias de seguridad y salubridad y algunas amenazadas de derrumbe. Además, muchas de ellas no pagan el impuesto de bienes inmuebles (IBI), entre otros motivos porque sus dueños han fallecido y la transmisión de la propiedad no se ha formalizado o existen discrepancias sobre la herencia. Más allá del “afán recaudatorio”, el Concello quiere poner coto a esta situación y anuncia que se abrirán expedientes para aclararlo de forma individualizada, declarar la situación de ruina, si es el caso, y obligar a sus titulares a reformarlas o ponerlas en el mercado para que lo hagan otros interesados. El concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, va más allá y apunta la posibilidad de que el Concello pueda adquirir algunas de ellas y destinarlas a vivienda social, con ayudas económicas de otras administraciones.
La situación se puso sobre la mesa en la reunión que el Gobierno de Cangas mantuvo esta semana con responsables del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en Santiago, en la que Iglesias acudió acompañando a la alcaldesa, Araceli Gestido, y la edila de Obras e Servizos, Iria Malvido. “No se persigue sólo cobrar la contribución, sino, sobre todo, que el casco histórico esté adecentado y sin problemas de seguridad y salubridad”, ya que abundan las quejas vecinales sobre esta situación y algunos casos de afectación de viviendas colindantes por termitas que deterioran las estructuras. La recomendación del IGVS pasa “por iniciar procedimientos de ruina” por parte del Concello “como primera medida de presión para que los dueños asuman su mantenimiento”. Cuando una edificación o construcción no protegida como patrimonio cultural se declara en situación de ruina, su propietario tiene la obligación de proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, en último caso, apuntan los técnicos.
Los trámites para esta actuación se llevarán a cabo desde la oficina del Pepri (Plan Especial de Protección e Reforma Interior) del Casco Vello, cuya arquitecta es Mª Isabel Medraño. “Le notificaremos a los propietarios que podamos identificar que deben arreglarlas ellos o ponerlas a la venta para que lo hagan otros promotores, si lo prefieren”. Y si no encuentran comprador privado, “valoraríamos hacer una oferta pública de adquisición por parte del Concello”, abunda el edil de Urbanismo. Para ello, el IGVS ofrece “créditos de cooperación a interés cero” que habría que tramitar, aunque Iglesias reconoce la “complejidad” de la operación y no oculta que la prioridad es “presionar e incentivar a los propietarios” para que lo solucionen. Desde la Xunta también les trasladaron que la ley contempla ahora la posibilidad de “suavizar algunos requisitos del Pepri” para poder rehabilitar inmuebles “con menos trabas”.
Créditos del IGVS para convertirlas en vivienda social
La gran mayoría de inmuebles en situación precaria se ubican en el Casco Vello, calles como Outeiro, Derribo, Moaña, Ramón Franco, O Hío, Rúa Nova, Antonio Garelly, Fonte do Galo, Pablo Iglesias, Faixa, Sol o Méndez Núñez, entre otras. También sus características, superficie o estado de conservación difieren de forma notable, por lo que se precisa hacer “una valoración individualizada” para actuar en consecuencia. El Gobierno local “tiene interés en asumir algunas viviendas, si no lo hacen sus dueños” y destinarlas a vivienda social, pero reconoce “limitaciones presupuestarias” del Concello y las opciones de compra pasarían por “tramitar créditos del IGVS”.
