La jueza decide prorrogar por segunda vez por seis meses la instrucción del caso Motor Cangas

El Juzgado Número 1 de Cangas decidió prorrogar por un plazo de seis meses la instrucción de la causa de Motor Cangas, un delito de estafa contra A. J. S.A., O. G. P., Á.M.D. C., y P.R.V., además de contra Motor Cangas S.L. José G.P., R.N. P y SL. A. Hermida. Más de cinco años después de las primera detenciones por parte de la Guardia Civil, entre el que se encontraba el propietario de la citada empresa, el juzgado que instruye la causa decidió otorgar un nueva prórroga.

En el año 2021 había otorgado ya otra. Mientras tanto, 89 personas siguen pendientes directamente de la resolución de este caso, que tarda en resolverse en los tribunales y son muchos lo que se las tuvieron que ver con las financieras. Los afectados por la estafa fueron los primeros en declarar ante la jueza. Lo hicieron en varias tandas y en días consecutivos. También declararon más tarde los responsables de las financieras afectadas por la estafa y en último lugar el dueño de Motor Cangas, que mantuvo ante la jueza instructora que él era el único responsable de las financiaciones, que era una cuestión que llevaba en exclusiva y que, por lo tanto, para lo bueno y para lo malo, él era quien debía responder. También declaró su familia, que está acusada. La hija declaró que se dedicaba a realizar tareas de postventa y que desconocía las operaciones con financieras, mientras que la esposa de José B. indicó que su única relación con la causa era que en ese momento era socia del concesionario. La defensa trata de demostrar que no hubo lucro que estas operaciones supuestamente fraudulentas se realizaban para tapar el agujero económico del concesionario. No hay acuerdo entre las partes, ya que la concesionaria reclama la responsabilidad civil que podía superar los 600.000 euros, de hecho, el presunto fraude, según los datos que en su día facilitó la Guardia Civil, alcanzó los 640.000 euros.

Señala la ley “la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa. Si con anterioridad a la finalización del plazo, se constatase que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses. Las prórrogas se adoptarán mediante auto donde se expondrán razonablemente las cláusulas que ha impedido finalizar la razonable investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia en la investigación”.

En las primeras declaraciones de los afectados, las preguntas delante de la juez por parte de los letrados de la acusación giraron en torno a saber con quién o quiénes había negociado sus clientes la compra de sus vehículos, de quién era las firmas que figuraban en los contratos firmados con las financieras y qué perjuicio económico supuso para los afectados. la situación en la que cayeron.

La Guardia Civil empezó las investigaciones a principios de 2018, tras la denuncia de varios perjudicados en el Juzgado Número 1 de Cangas. Según la investigación realizada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, los clientes acudían a comprar un vehículos al concesionario y, al gestionar su adquisición, el administrador copiaba la documentación del comprador para después utilizarla en otras operaciones de financiación sobre el mismo vehículo e otras financieras diferentes.

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