La Xunta elude compensar a las gestoras de autovías porque los contratos son a largo plazo

La decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago que dio la razón a la Xunta de Galicia y le libró de pagar compensaciones a las concesionarias de las autovías y autopistas autonómicas por la caída del tráfico que sufrieron debido a las restricciones de movilidad durante la pandemia de COVID-19, causó revuelo en Moaña, pues el Concello tuvo que pagar hasta en dos ocasiones para compensar por la misma razón a la concesionaria de la piscina municipal, Aqualia.

El ejecutivo autonómico, sin embargo, optó por rechazar los requerimientos de las concesionarias e inadmitió los recursos de alzada, defendiéndose en los juzgados frente a las demandas de las empresas. En Moaña el bipartito alegó que los informes de los asesores jurídicos indicaban que perderían si la concesionaria llevaba al Concello ante la justicia y, pese a lamentar el pago por decisiones de otras administraciones, sí acordó abonar unos 54.000 euros en dos pagos a la gestora de la piscina.

La estrategia seguida por la Xunta ante la justicia se basó en que la viabilidad de un contrato de concesión de una autopista, que puede tener hasta 50 años o más de periodo en vigor, no se puede medir por las restricciones a la movilidad acordadas durante unos meses. Las concesiones de servicios municipales, sin embargo, no tienen una duración tan amplia, por lo que su equilibrio sí que se ve afectado por un cierre de esas características.

La piscina de Moaña, sin ir más lejos, cuenta con un contrato de concesión de 20 años, pues empezó a funcionar en el 2009, cuando abrió sus puertas una piscina recién construida. Concluirá en 2029. Aqualia declaró, durante las protestas del personal a finales de 2022, pérdidas de casi un millón de euros desde el año 2021 por la explotación de este servicio.

Los pagos de indemnizaciones que admitió el gobierno local se corresponden con los perjuicios causados por el cierre de la instalación durante el confinamiento entre marzo y julio de 2020. El segundo pago, de 9.735 euros, tiene relación con la prohibición, por parte de la Xunta, de usar los vestuarios entre el 21 de enero y el 5 de marzo de 2021, impidiendo el uso de esta instalación.

La oposición del Concello de Moaña, formada por PP y XM, votó siempre en contra de estas indemnizaciones mientras el bipartito (BNG y PSOE) lamentó que administraciones superiores no ayudasen a los Concellos a hacer frente a estos pagos derivados de las restricciones por la crisis sanitaria.

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