La huelga de letrados judiciales pone en peligro la celebración de las elecciones municipales

Sin estos profesionales no se pueden constituir las juntas de zona o provinciales | En Cangas no se abre expedientes de ni bodas ni divorcios | Más de180 demandas civiles sin iniciar en cada uno de los juzgados

Anunio de huelga de letrados judiciales en las puertas de los juzgados de Cangas. |   //

Anunio de huelga de letrados judiciales en las puertas de los juzgados de Cangas. | // / Juan Calvo

La huelga de letrados judiciales pone en peligro hasta la celebración de las elecciones municipales del mes de mayo. Estos profesionales son parte de las juntas electorales de zona y provinciales _ayer se encargaron en Cangas de recordarlo_ por lo que sin ellos no se podían constituir estos organismos tan esenciales para la celebración de unos comicios. Es un ejemplo de cómo afecta la huelga de letrados judiciales a todos los niveles, desde que no se pueden celebrar bodas y los divorcios se encuentran parados.

El seguimiento en los juzgados de Cangas de esta huelga que comenzó el día 24 de enero es del 75%, se siguen suspendiendo vistas y comparecencias de todo tipo, en la misma medida que en semanas anteriores, lo que supone una cancelación de 10 vistas por juzgado a la semana. Solo se celebran los servicios mínimos (causas con preso, violencia de género y medidas cautelares). En la actualidad se están celebran las bodas que ya estaban señaladas en el Registro Civil con anterioridad el inicio del paro, pero no se inician expedientes de nuevos matrimonios, por lo que los ciudadanos interesados en casarse en los próximos meses no podrán hacerlo al estar la letrada responsable del Registro Civil de huelga. A día de hoy, más de 180 demandas civiles están sin iniciar en cada uno de los juzgados de Cangas y el número de escritos a los que no se ha dado trámite no está computado, pero se calcula que puede alcanzar la cifra de 50 al día en el partido judicial.

Entre otras consecuencias de la huelga, los ciudadanos no pueden presentar alegaciones a procedimientos en trámite ni se tramitan demandas de ningún tipo, como las de desahucios o de reclamación de cantidades. Los divorcios están parados por lo que ni se resuelven los que ya estaban presentados ni se tramitan los que se están presentando por lo que no se fijan judicialmente, por ejemplo, las medidas relativas a las visitas y custodia de los menores.

Los letrados consideran que los efectos negativos que la huelga tiene para los operadores jurídicos y los ciudadanos se están alargando innecesariamente por falta de una negociación real con el ministerio.

El pasado día 7, la ministra Pilar Llop se reunió con los decanos de los abogados y procuradores de España en Madrid y les confirmó por escrito que los acuerdos, cuyo cumplimiento se reclama con la huelga, existían y se firmaron, pero que no se cumplieron porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es del PSOE, igual que Pilar Llop, los bloqueó por considerar que el gasto era asumible que conllevaba el acuerdo. “Los cual nos parece inaceptable porque los acuerdos de un representante ministerial vinculan a todo el Gobierno, incluido al Ministerio de Hacienda”, manifestaban ayer los letrados judiciales que están de huelga en Cangas.

El jueves se realizó una manifestación de estos profesionales en Madrid. Según la Policía había 1.500 asistentes, lo que supone la asistencia de más del 50% de los letrados que podían asistir ya que unos 1.300 se encontraban designados como servicios mínimos y no podían ausentarse de sus juzgados. “Es un dato muy importante porque somos un cuerpo nacional y los letrados se ha desplazado desde A Coruña y también desde Canarias o Huelva, por ejemplo”. Ahora mismo, la ministra se comprometió con los abogados, procuradores y responsables de justicia de las comunidades autónomas a retomar las negociaciones de forma inmediata, pero el comité de huelga todavía no fue llamado a ninguna reunión y se recuerda que en 7 semanas de paro solo hubo 4 reuniones, los que el ministerio realizó una sola propuesta, que no fue aceptada por afectar tan solo a un 30% de los letrados de España y no acepar negociar ninguna contrapropuesta.

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