El PP niega que las naves de Ojea fuesen catalogadas por la Xunta para su protección

Desde hace ya varios meses, el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo (ACE) repite una y otra vez que la Xunta de Galicia catalogó para su protección las naves de Ojea, esas que el Ministerio de Transición Ecológica quiere derribar en una reacción que se intuye es la respuesta a las multas coercitivas que recibe Costas por no reparar la cubierta que se desplomó de una de las naves de este complejo industrial.

El Partido Popular, a través de su líder local, José Enrique Sotelo, desmiente al primer teniente de alcalde de Cangas. Afirma que después de realizar las correspondientes gestiones ante la Xunta de Galicia pudo comprobar que para nada estaban catalogadas para su protección las naves, que lo que hizo la Xunta de Galicia fue inventariarlas, nada más, como hizo con muchas fábricas de salazón. Asegura el portavoz del PP que las naves de Ojea no tienen ningún nivel de protección y que Abalo está utilizando ese discurso del catálogo para culpar de la situación que viven las naves de Ojea también a la Xunta de Galicia. Así que el PP tira por tierra esa idea de Mariano Abalo de que la Xunta de Galicia es la que puede impedir el derribo de las naves que proyecta el Ministerio de Transición Ecológica, con un encuentro a tres bandas: administración central, autonómica y local. Sotelo responsabiliza a Mariano Abalo de la situación de las naves de Ojea y, al igual que hace en sus alegaciones el Ministerio de Transición Ecológica, recuerda que el Concello de Cangas no solicitó la cesión de las naves.

Por otra parte, el PP denuncia el uso partidista de la casa de todos los cangueses: el Concello, donde se recibió para un acto partidista al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que fue recibido por la alcaldesa y Mariano Abalo en un encuentro en el que participó también el vicealcalde de Bueu, Xulio Villanueva. José Enrique Sotelo se mostró enfadado, pero también ironizo sobre la visita. Dijo que tal vez fue llamado a Cangas para saber cómo se derriban las naves de Ojea porque él tenía la experiencia de ordenar el derribo de una casa por la que la fiscalía pide 12 años de inhabilitación y 13 meses de cárcel. “No vaya a ser que viniera a dar instrucción de cómo tirar las naves de Ojea”. Recordó que ACE ya había utilizado el Concello para hacer campaña en las últimas municipales.

Sorpresa e indignación socialista ante la réplica de la alcaldesa de Cangas a la Valedora do Pobo

La peculiar forma de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, de responder a la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño ( asegura que colapsa su trabajo y en de los trabajadores municipales), sobre las cuestiones planteadas por los socialistas, deja conmocionada a la oposición y, por supuesto, al PSOE. En esta ocasión es la candidata a la alcaldía de Cangas, Iria Malvido, la que interviene para criticar con dureza la respuesta de la regidora local a la Valedora. Recuerda el derecho de acceso a la información por parte de los grupos municipales de la oposición resulta una clara manifestación de la labor que deben ejercer los miembros de la corporación respecto a la actuación del equipo de gobierno. Iria Malvido recuerda que “el grupo municipal socialista siempre cumplió los requisitos exigibles para la solicitud de información, procediendo a peticiones específicas y concretas”. Iria Malvido señala que el gobierno municipal decidió seguir por la vía de la ocultación de información y la falta de rendición de cuentas, no solo a las peticiones de este grupo municipal, sino también de otros grupos de la oposición. Y es que hay que recordar que la Valedora do Pobo tuvo que advertir también a la alcaldesa de las consecuencias legales de no contestar tras su silencio a la petición de información sobre una queja del PP sobre el Plan Concellos. Iria Malvido señala que la labor del PSOE en Cangas, tanto en el gobierno como en la oposición estuvo y estará marcada por la transparencia y la rendición de cuentas frente la ciudadanía. También considera que procede exigir al gobierno local que cumpla los requerimientos de la Valedora do Pobo, recordándole que los cargos de todos los concejales electos consisten en representar la voluntad popular.

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