El fiscal reclama penas de cárcel y 110.000 euros para cinco acusados de talar eucaliptos en fincas ajenas

La Fiscalía pide penas de prisión y multas económicas para los responsables de cuatro empresas madereras y para un agente de la Guardia Civil de la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra por hasta cinco delitos derivados de la tala de árboles para su aprovechamiento económico sin el conocimiento de los verdaderos propietarios de las parcelas. A los acusados se les atribuyen delitos de hurto continuado, falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos y hasta pertenencia a grupo criminal como responsables de la tala de miles de metros cuadrados en al menos 40 fincas de la provincia para posteriormente vender la madera, en su mayoría de eucalipto. La Fiscalía pide penas de prisión que suman, en conjunto, más de 25 años y multas económicas. Además, deberán indemnizar a los afectados, entre los que hay propietarios de Cangas (en las parroquias de Aldán y O Hío), Bueu y de municipios del resto de la provincia.

El escrito de acusación explica que cuatro de los acusados se dedican desde hace años a la tala de arbolado para el posterior aprovechamiento y venta de madera y afirma que al menos desde 2013 actúan “de forma coordinada para obtener el máximo rendimiento de su actividad a costa del patrimonio ajeno”. De esta manera, “en muchas ocasiones, movidos por la intención de obtener un beneficio económico realizan talas de árboles, generalmente eucaliptos, en parcelas cuyos propietarios no les habían vendido previamente la madera o en parcelas cuyos propietarios se encontraban ausentes o residiendo fuera de la zona en la que cortaban o en el extranjero”.

La Fiscalía añade que los acusados “se aprovechaban además de la circunstancia de que en algunas ocasiones las propiedades no estaban bien descritas en los registros oficiales o no aparecían en ellas los actuales propietarios”.

Estos cuatro acusados para dar cobertura legal a su actividad decidieron constituyeron tres sociedades mercantiles: una que incluye el nombre de Aldán, CYP Forestales Galicia y Explotaciones Forestales S.L. Para conseguir la información relativa a la situación de las fincas en las que realizaban las talas contaban con la colaboración de un agente de la Guardia Civil, destinado en la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra.

Esta persona, debido al desarrollo de su actividad policial, tenía acceso a las claves de acceso a la Sede Electrónica del Catastro. Un acceso que le permitía conocer datos protegidos, como la identidad del titular de la finca, valores catastrales y del suelo e incluso saber si esas fincas carecían de una determinación clara sobre quién era su propietario. Así, facilitaba esta información al resto de los acusados que así podían obtener permisos de tala sin contar con la autorización de los daños reales o realizaban cortas en lugares en los que los propietarios no estaban identificados.

En el escrito de acusación aparecen relacionadas una larga lista de afectados, que incluyen las parroquias canguesas de Aldán y O Hío; la de Cela en Bueu; y municipios de la provincia como Poio, Meis, Ponte Caldelas, Sanxenxo, Barro, Caldas de Reis.

Por todos estos hechos los cinco implicados están acusados de un delito continuado de hurto, por el que la Fiscalía pide para cada uno de ellos tres años de prisión (que en total suman 15); a los cuatro acusados vinculados a las madereras se les acusa de otro delito continuado de falsedad documental, que lleva aparejada una pena de prisión de dos años para cada uno (un total de 8 años) y una multa diaria de 6 euros durante once meses (1.980 euros para cada uno y que en global ascienden a 7.920 euros); y el agente de la Guardia Civil está acusado de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, por lo que la Fiscalía solicita una multa diaria de 8 euros durante 15 meses (un total de 3.600 euros) y la inhabilitación especial para empleo en la Guardia Civil durante tres años. La petición de penas se completa con una petición de una multa de 25.000 euros para cada uno de los otros acusados, también por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

Los acusados se apropiaron de la madera de cerca de una veintena de fincas en O Hío, Aldán y Cela

El escrito de la Fiscalía enumera la larga lista de propiedades a las que accedieron estas empresas madereras para apropiarse de la madera y luego venderla sin el consentimiento de los legítimos propietarios. En ese listado hay cerca de una veintena de fincas situadas en la comarca de O Morrazo, en especial en las parroquias canguesas de Aldán y O Hío, aunque también figuran algunas fincas en la parroquia de Cela, en el ayuntamiento de Bueu. El relato del fiscal aparecen citados lugares como Menduíña, Cernadas, Liméns, Abilleira, Canles de Lubrei, Herbello, Montecarrasco o Probiseiro y Parabúa.

En alguno de los terrenos llegaron a llevarse más de 30 eucaliptos y el 15 de diciembre de 2013, según el escrito de acusación, estuvieron en la parroquia de Cela, donde entraron en dos fincas y en cada una de ellas talaron 20 árboles. La Fiscalía cita también un caso de junio de 2015, cuando fueron contratados para realizar una tala en el lugar de Abilleira. De paso que estaban en la zona decidieron entrar en una finca “perfectamente delimitada” y sin contar con la autorización del propietario cortaron tres eucaliptos de gran tamaño. Desde la Fiscalía se insta a que, además de las penas que se les puedan imponer, los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a los afectados.

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