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Moaña bloquea el recorte de horarios de la piscina pero indemnizará a Aqualia

El bipartito le impide reducir horas a la plantilla | Pagará por el IPC y el cierre del COVID y buscará ayudas para reducir el consumo

La reunión del bipartito con representantes de los trabajadores y de la CIG. | GONZALO NÚÑEZ

Después de tres jornadas de concentraciones y protestas de la plantilla del Centro Deportivo Moaña, que acoge a la piscina municipal, a las que se unieron muchos usuarios, el gobierno local bipartito ha decido emprender una mediación entre la empresa concesionaria –Aqualia– y los trabajadores, respaldados por el sindicato CIG. Tras reunirse por separado con las dos partes, ayer el Concello dejó claro que bloquearía la intención de la empresa de reducir horarios cerrando al mediodía y los sábados por la tarde, garantizando así que la mitad de la plantilla que se vería afectada pueda mantener las mimas horas de trabajo.

Por contra, el bipartito reconocerá el pago de dos indemnizaciones con Aqualia, aunque el montante total está todavía pendiente de las depuraciones que haga la interventora a las peticiones de la compañía. Así, el concejal de Facenda, Aldán Santamarina, y la teniente de alcaldesa, Marta Freire, explican que Aqualia tiene derecho a una segunda indemnización por el cierre decretado por las medidas contra el COVID-19. Ya se le indemnizó por el cierre forzoso de la primavera de 2020 con 44.500 euros. Este pago, cuya cantidad está siendo estudiada pero superaría los 10.000 euros, es por el cierre decretado entre el 21 de enero y el 5 de marzo de 2021, tras una orden de la Xunta que impedía utilizar los vestuarios.

La segunda indemnización partiría de la reclamación presentada por Aqualia, en la que asegura que el Concello le debe 80.000 euros por no subir los precios públicos de la piscina con base al IPC en los últimos años. Santamarina explica que, de todas formas, Intervención no autorizará ese cálculo y el pago deberá ser menor “porque la concesionaria calcula los precios desde hace 10 años, pero en la subida pactada de 2016 se comprometieron a dar por saldadas todas las subidas previas”.

La reunión con representantes de la empresa concesionaria.

Fue precisamente en ese movimiento de 2016 cuando el Concello logró que la psicina empezase a abrir al mediodía y los sábados por la tarde. El cierre que había propuesto Aqualia implicaba suspender el servicio de piscina y gimnasio público entre las 13.00 y las 16.00 horas de lunes a viernes y el sábado por la tarde. Esto implicaría, según denunció en sus manifestaciones la CIG, que la mitad de los 16 empleados verían reducido sus horas de trabajo y sus salarios en un 20%.

El Concello redactará un estudio para mejorar la eficiencia energética

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Con las reuniones de ayer el Concello busca poner fin a las manifestaciones derivadas del conflicto laboral y además “garantizar a los usuarios que no hay reducción de horarios. Entendemos que sería una pérdida de la calidad del servicio y por lo tanto también redundaría en una bajada de los usuarios. A la larga eso implicaría todavía menos ingresos para la concesionaria”, argumentó el titular de Facenda al finalizar las reuniones.

Subida de la energía

El principal argumento utilizado por la concesionaria para solicitar, la semana pasada una reducción de horarios, es la desbocada subida de precios de la energía. Y es que el consumo eléctrico y en gas para calentar el vaso de agua de la piscina multiplicó los gastos de la concesionaria.

En su mediación el Concello ha asegurado a la empresa que contratarán un estudio de necesidades y una memoria valorada para mejorar la eficiencia energética del Centro Deportivo Moaña. Con ese documento bajo el brazo, buscará subvenciones de otras administraciones para acometer mejoras como el cambio de la iluminación a tecnología Led de bajo consumo, la apuesta por sistemas de biomasa y de placas solares para calentar el agua de la piscina, y la adquisición de una deshumectadora con menor consumo eléctrico que la actual, que implica un coste energético muy alto.

Moción del PP

El PP local también mostró esta semana su preocupación por las decisiones que se puedan adoptar alrededor de la piscina. Su portavoz, Vicente Verdeal, solicita en una moción que se garantice mantener las tarifas actuales, además de asegurar el estado de conservación de las instalaciones.

El concejal de Facenda alega que una subida del precio público “no es algo que esté sobre la mesa” de cara al 2023.

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