“El Concello de Cangas evita que el vecindario pague un sobrecoste tarifario de unos tres millones de euros por el servicio del agua”, asegura el concejal Mariano Abalo (ACE), quien recuerda que fue el Partido Popular, con José Enrique Sotelo en la Alcaldía, el que dio el visto bueno a dicho sobrecoste en las tarifas, y el actual gobierno el que redujo su impacto con informes periciales que se presentaron en los juzgados para evitar un lucro indebido por parte de la empresa concesionaria.
Abalo hace memoria para poner a Sotelo en el centro del problema, movido por intereses electoralistas. Todo comienza en 2015, con la firma de un contrato “que entró en vigor sin consenso y a falta de poco tiempo para las elecciones municipales”, explica. El PP, “encabezado por José Enrique Sotelo, entrega este servicio básico por 25 años a la UTE Gestión Cangas, con capital mayoritario de Aqualia”. La consecuencia inmediata de aquella decisión es el “tarifazo, las protestas, manifestaciones y, seguramente, uno de los motivos por los que el PP perdió las elecciones ese año”, al entender la ciudadanía que los principales beneficiarios eran los grandes consumidores y propietarios de segundas residencias vacacionales, en detrimento del pequeño comercio y las familias.
Pero Mariano Abalo pone el foco en la “sorpresa” que escondía la tarifa, la “manipulación contractual” de la cuota fija de saneamiento, ya que la UTE ganó aquel concurso público ofertando la cantidad de 3,48 euros por trimestre y usuario, y en el contrato, “firmado de puño y letra por el señor Sotelo”, figura para este concepto la cuantía de 5,10 euros, sin que se hayan dado hasta ahora las explicaciones oportunas de esta “gravosa situación” y tendrán que ser “otra vez los juzgados los que determinen las responsabilidades de cada quién”.
El concejal de Facenda de Cangas repara en que esa diferencia de 1,62 euros “parece poca cosa”, pero multiplicada por el número de usuarios y de recibos trimestrales en los 25 años de contrato sumarían “en torno a tres millones de euros” por encima de lo estipulado en la oferta, cantidad a mayores que se cobraría de forma fraudulenta “de no haberse evitado” con la intervención posterior del Concello, que estableció una nueva tarifa que ha supuesto un “alivio económico” a familias y pequeño comercio, aunque menor que el deseado tras los recursos de la UTE.
Explica Abalo que con la “judicialización” del asunto por parte de la concesionaria se ha vuelto a la situación original, “por presuntos defectos de forma”, obligando al Concello de Cangas a asumir la diferencia con su propio presupuesto. La UTE reclamó 1,7 millones de euros por el período 2015-2018, y “los estudios encargados por el Concello y ratificados por los juzgados rebajaron la cuantía en 708.000 euros”, remacha Abalo, que llama la atención sobre la “herencia que no dejó el PP” y cree llegado el momento de que los partidos políticos y la sociedad civil se pronuncien sobre el "modelo del agua", con preferencia sobre una "consulta pública" para que la ciudadanía exprese su sentir sobre el servicio.
