La comisión política y técnica de la Mancomunidade do Morrazo que aborda el proceso para el rescate y la remunicipalización del servicio de la basura celebró ayer una nueva reunión de trabajo, un encuentro en el que se empiezan a perfilar los plazos con los que trabajan desde el gobierno mancomunado. La apuestra por un modelo de servicio público es firme y la previsión es que antes de fin de año se eleve una propuesta a la junta de gobierno de la Mancomunidade y que a continuación se proceda a un periodo de información pública de 30 días. Será ahí cuando el resto de grupos políticos, entidades y vecinos en general tengan acceso a los informes encargados por el ente supramunicipal. Unos informes que estiman que el paso de un operador privado a uno público no significaría un mayor coste, sino que se prevé un ahorro de algo más de 130.000 euros.
Unas cifras que, en todo caso, aún están pendientes de más análisis y reuniones. En los próximos días los servicios técnicos de la Mancomunidade do Morrazo mantendrán una reunión con la consultora Novotec, que se encargó de la redacción del informe sobre el rescate del servicio. El objetivo es aclarar cuestiones de carácter técnico y económica antes de presentar formalmente la memoria justificativa para la remunicipalización del contrato de la basura.
Una vez que se presente ese documento se aprobará en la junta de gobierno de la Mancomunidade do Morrazo, luego se someterá a un periodo de información pública de 30 días y, en todo caso, antes de su aprobación definitiva deberá incluir un informe de la Secretaría e Intervención.
La versión definitiva de este documento incluye una comparativa de costes entre un operador público –ya sea directamente la Mancomunidade o una entidad empresarial pública creada a este efecto– y un operador privado. En esa comparación el precio sería más ajustado en el caso de un modelo de gestión directa, con un coste anual estimado en 2.645.384 euros frente a los 2.778.083 euros de un contrato con una empresa privada.
Esta comparativa incluye cinco capítulos: personal, explotación del servicio, estructura, suma de costes y el 8% de gastos generales y beneficio industrial. El único apartado en el que no hay cambios es en el coste de la plantilla, puesto que “al entenderse una subrogación integral respetando las condiciones actuales de los trabajadores este concepto no se vería afectado”, reza el informe.
En el resto de conceptos sí que hay variaciones. La Mancomunidade saldría perdiendo en costes de explotación porque se prevén 758.116 euros frente a los 689.197 de un operador privado (una diferencia de casi 69.000 euros); en la estructura del servicio la diferencia sería mínima, con 87.473 euros con el modelo público y 83.306 en el privado (+4.165 euros); y en la suma de costes, que se calculan en 2.645.384 euros a través de la prestación directa y en 2.572.299 euros en el caso del operado privado (+73.085 euros).
¿A qué se deben estas diferencias? Según la consultora Novotec hay dos razones. En primer lugar, una entidad pública tiene menor poder de negociación en el mercado con respecto a un operador representativo del sector (una empresa como Urbaser o cualquier otra del ramo). A ello hay que añadir que es necesario acometer actuaciones y mejoras “para la consecución de los niveles de calidad y eficiencia exigidos al nuevo servicio”, sobre todo por la implantación de las nuevas normativas autonómicas, estatales y de la Unión Europea (UE).
Entonces, ¿dónde está el ahorro? Pues en el capítulo del 8% de gastos generales y beneficio industrial. Este capítulo asciende a casi 206.000 euros anuales y forma parte del dinero que ingresaría una empresa privada, pero que junto al IVA se suprimiría en el caso de que el servicio lo asuma una entidad pública.
En las conclusiones del informe de Novotec se subraya que, aunque será necesario afrontar cambios en la implementación y explotación del servicio, pero añade que “se deberían ejecutar en cualquier supuesto, por lo que su afección operativa, a la hora de cuantificar su impacto, no tendría influencia”. La consultura remarca que es cierto que la Mancomunidade o una entidad pública tiene “una menor capacidad negociadora en el mercado”, pero puede suplirla con la ventaja de que “puede optar por la financiación externa [subvenciones], o bien recurrir a la financiación vía presupuestaria, una opción de la cual carecería el operador privado, lo cual otorgaría una ventaja adicional al modelo de gestión pública”.
Al mismo tiempo, la consultora pone el acento sobre la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular (LRSCEC), que afectará al coste del recibo. Esta legislación obliga a que en el plazo de tres años se apruebe una tasa o prestación patrimonial “no deficitaria”. Es decir, que refleje “el coste real, directo o indirecto” de la gestión de residuos. Se trata de una “herramienta clave” para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio e incentivar la eficiencia.
Lo más probable es que esto tenga repercusiones en el coste del recibo, pero es independiente del modelo de prestación del servicio. Es decir, esa tasa debe aprobarse tanto si la recogida y tratamiento de los residuos la realiza una empresa privada como si lo hace la Mancomunidade.
