Fue una jornada agitada la de ayer para el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo. Tras la reunión del Plan Xeral tuvo un encuentro con representantes de la concesionaria del ciclo de agua, la UTE Gestión Cangas y también con las abogada del Concello.
Al término de la misma se supo que el Concello de Cangas había presentado ante el juzgado un plan de pagos para hacer frente a la sentencia que condenaba al mismo a indemnizar a la concesionaria con 800.000 euros por no aplicar la ordenanza municipal a la que hacía referencia el contrato firmado entre las partes y que tiene una duración de 25 años. Hay que recordar que tras protestas vecinales por el elevado precio del agua, el gobierno PP-Nardo Faro Lagoa optó por presentar al pleno una propuesta para que siguieran en vigor las ordenanzas que estaban vigentes antes del contrato. A partir de ahí comenzaron los litigios entre la concesionaria y el Concello de Cangas, que no cesan, porque la UTE también denunció en los juzgados las nuevas tarifas aprobadas por el pleno municipal el 27 de enero de 2020. Ayer lo dejó claro el primer teniente de alcalde Mariano Abalo: “Estas tarifas no se van a tocar. No se contempla en absoluto una nueva ordenanza municipal, lo único la consolidación de la actual”. Lo cierto es que a pesar de que la UTE no rechazó en las reuniones que mantuvo con el gobierno local la mencionada ordenanza , también la recurrió ante los tribunales de justicia.
El gobierno local espera que la empresa esté de acuerdo con el plan de pagos presentado en el juzgado _no se dio a conocer_ y manifiesta que se trata de combinar un acuerdo que no supongan subidas en las tarifas con las inversiones y al mismo tiempo compensaciones económicas que sean lo menos gravosas para los vecinos de Cangas.
No quiso Mariano Abalo ser muy claro aquí, consciente de las complejas relaciones Concello-UTE Gestión Cangas. El concejal fue quien lideró dentro del gobierno varias intentonas para rescindir el contrato con la UTE Gestión Cangas, que fracasaron.
El concejal Mariano Abalo quiere ofrecer una imagen de concejal más dispuesto a llegar a acuerdos con la concesionaria del agua que hace unos años. Pero la situación está tan enrarecida que como dice él, todo podría cambiar en poco tiempo, así que opta por ser cauto en sus manifestaciones, incluso confuso.
Pendientes de la decisión del Tribunal Supremo
Mientras se propone el plan de pagos, el pasado mes de julio se dio a conocer que el Supremo había admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por el Concello frente ala sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que estimó el recurso interpuesto por la UTE contra el acuerdo del pleno de Cangas de aprobar definitivamente la modificación ce la ordenanza por los servicios vinculados al ciclo del agua. Las tarifas ahora vigentes que el Concello obliga a pasar al cobro a los vecinos de Cangas son las de 2017. La UTE quiere que san las que figuren en el contrato firmado en 2015 y recuperar el dinero que dejó de cobrar a lo largo de estos años. Así que lo que diga el Supremo también va a a depender mucho los acuerdos futuros entre Concello y UTE Gestión Cangas.
