Las desavenencias entre el gobierno de Cangas y la empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua en torno a las condiciones del contrato y de las tarifas que se aplica a los usuarios volverán a dirimirse en los juzgados. El Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por el Concello frente a la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que estimó el recurso interpuesto por la UTE contra el acuerdo del pleno de Cangas de aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza por los servicios vinculados al ciclo integral del agua. El TSXG advirtió omisión del trámite de información pública previa, como obliga la ley, y en consecuencia declaró su nulidad por ser contraria a derecho, pero el Supremo lo revisará ahora en casación atendiendo a la demanda del Concello.
El alto tribunal gallego decidió hace unos meses estimar el recurso interpuesto por la concesionaria contra el acuerdo del pleno del Concello de Cangas del 27 de enero de 2020. Las tarifas ahora vigentes, que el Concello obliga a pasar al cobro a los vecinos de Cangas, son las de 2017. La UTE (FCC Aqualia y Civis Global) quiere que sean las que figuran en el contrato firmado en 2015 y recuperar el dinero que dejó de cobrar a lo largo de estos años. El concejal de Facenda, Mariano Abalo, confía en que el Supremo dé la razón al Concello de Cangas, defendido por el despacho de Calixto Escariz.
