El gobierno de Moaña presentó ayer en la Comisión Especial de Contas, un plan antifraude y contra la corrupción como medida obligatoria para optar a los fondos Next Generation, que aprobó en 2020 el Consejo de Europa en respuesta a la crisis ocasionada por el coronavirus, y a los que el Concello ha solicitado una ayuda para la rehabilitación de la antigua casa consistorial, cuyas obras ya comenzaron.
En este Plan, elaborado a partir del borrador del plan de la Diputación, se incluye una tabla de riesgos en donde el Concello figura con una matriz moderada o baja en los dos principales factores que podrían provocar fraude o corrupción como son las contrataciones y las subvenciones. La cuantificación del riesgo se basa en una combinación de la estimación de la probabilidad (hasta que punto es probable que ocurra) y su impacto (consecuencias que pueden tener) que figuran en una tabla. La probabilidad alta es de 7 a 9 dependiendo de si ocurre todos los años de forma recurrente, todos los años muy recurrentemente y habitual, respectivamente. La media sería de 4 a 6, dependiendo de si es ocasional (menos de una vez al año), anual (todos los años una vez) y todos los años más de una vez, respectivamente. Y la probabilidad baja sería de 1 a 3, dependiendo de si es casi nunca; remota (menos de una vez cada tres años) y menos de una vez cada dos años, respectivamente.
En contratación Moaña figura con probabilidad 6 en situaciones de conflictos de intereses; 8 en adjudicación directa mediante uso indebido de contratación menor; 8 en contratación por exclusividad; 7 en riesgo de determinación de un precio no ajustado a mercado; 1 en riesgo de información privilegiada; 2 en riesgo de no exigir responsabilidades por incumplimientos contractuales; un 6 en riesgo de trato de favor a determinados licitadores mediante prescripciones técnicas; 7 en diseño de pliegos imprecisos; otro en consideración inadecuada en criterios de solvencia; un 1 en valoración inadecuada de criterios subjetivos; un 6 en riesgo de demanda de bienes y servicios que no responden a una necesidad real y otro 6 en riesgo de no detección de prácticas anticompetitivas.
En todos estos casos, figura en el combinado con la graduación final de riesgo en el nivel moderado. Por otro lado figura con probabilidad 1 en riesgo de especificaciones pactadas para favorecer a licitadores, otro 1 también en manipulación de ofertas, 5 en ampliación de contratos para evitar licitación; 3 en riesgo de realizar pagos de prestaciones facturadas que no se ajustan a las condiciones del contrato; 4 en no detectar alteraciones de prestación contratada durante la ejecución; 6 en riesgo de recibir prestaciones deficientes y 1 en riesgo de vulneración del secreto de las proposiciones. En estos casos el nivel de fraude es bajo.
Por lo que respecta a subvenciones el riesgo es moderado en incurrir en parcialidad (aparece con probabilidad 6); en ocultación de información (probabilidad 6); en riesgo de costes laborales falsos (1), en costes prorrateados (4); y en costes reclamados de trabajos de insuficiente calidad (4). El riesgo es bajo en concesión de ayudas excluyendo la normativa (probabilidad 1), en facturas falsas, en doble financiamiento (1) y en aplicación de los fondos a otras finalidades, con probabilidad (1).
El Plan que ayer fue dictaminado en comisión se quiere llevar a aprobación en el pleno del próximo día 30. La alcaldesa, Leticia Santos, asegura que aunque de momento el Concello no ha recibido subvención “es importante tener el plan ya hecho por si la conceden para cumplir con las normas”. Básicamente consiste en garantizar “la independencia de los órganos de contratación de los que forman parte personal político y de las mesas de contratación, en donde además de la parte política hay parte técnica”. Normalmente la presidencia de las mesas la ejercen tanto ella como el resto de ediles, y los demás miembros son trabajadores municipales y técnicos que se incorporan según la tipología de la mesa, explica Leticia Santos.
El Plan antifraude no solo actúa contra la parte política sino que resuelve conflictos de intereses que puedan surgir con el personal laboral por cuestiones familiares, económicas o personales.
