El último pleno fue el revés más grande que sufrió el gobierno de Cangas en lo que va de mandato y que puso en jaque la política de visitas a las parroquias de la alcaldesa Victoria Portas (ACE). Primero fueron los vecinos de Vilariño los que pusieron entre las cuerdas al gobierno y después los de Espíritu Santo. El gobierno local tuvo que pedir un alto el fuego para sofocar el incendio de Espíritu Santo, tanto que se apagaron las cámaras en el momento del receso solicitado por el primer teniente de alcalde Mariano Abalo (ACE) para apoyarse en la oposición y tratar de forzar un alto el fuego que no se produjo. Si estos golpes al gobierno fueron a nivel vecinal, el PP se ocupó de dárselo a nivel político. El concejal de asuntos económicos de esta formación, Pío Millán, hizo ver a los presentes que el gobierno en la nueva ordenanza municipal de Plusvalía iba a aplicar los índices máximos. Hubo confusión, nerviosismo y retirada de la propuesta para que se volviera a redactar.
El BNG, liderado por Mercedes Giráldez, quiso echar un capote, o una soga al cuello al gobierno. Se las arregló para encontrar un acuerdo entre las formaciones políticas con las que salvar la alta tensión que el movimiento vecinal de Espíritu Santo estaba generando. Fue en el tiempo que duró en el receso y con las cámaras apagadas, que se encendieron cuando apareció el rostro de la concejal nacionalista Mercedes Giráldez en pantalla leyendo el acuerdo: “Que las obras en el primer tramo de la vía EP-1003 se acaben antes del verano, que en el segundo semestre de 2022 se realice el segundo tramo y que la Diputación proceda al asfaltado de toda la carretera” . Fue un disparate de acuerdo, aprobado con los votos favorables de ACE, PP, PSOE y BNG y la abstención de Avante! . Mientras se daba lectura al mismo, los vecinos reían, hacían aspavientos y claramente lo rechazaban. Consideraban que era dar más vueltas sobre lo mismo y recordaban que Mariano Abalo les había dicho que el día 5 de junio estarían acabadas las obras. También pedían un chorreo para limpiar sus casas después de tantos meses de obras. Pidieron una reunión con los portavoces políticos, la alcaldesa de Cangas, el concejal Mariano Abalo, la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas y técnicos municipales y parece que la van a tener para la semana, pero el PP se guardó la baza de reunirse por su cuenta con ellos.
¿Y los vecinos de Vilariño?.Pues al contrario que los de Espíritu Santo avisaron al gobierno de sus intenciones, pero no a la opinión publica. Con ellos se siguió el protocolo. Pidieron intervenir antes del pleno y se les concedió. Habló un miembro de la Asociación de Pedra Amarrada y expuso que Vilariño (O Hío) estaba completamente abandonado por todos los gobiernos que pasaron por el concello. Se quejaron de baches, de desbroces del agua, pero sus verdaderas intenciones eran impedir que se otorgara una licencia municipal a una constructora para un edifico de 16 viviendas. El colectivo se quejó de la mucha edificabilidad que hay en Vilariño, que no es otra que la que marcan las Normas Subsidiarias de Planeamiento del año 1994. No hay que olvidar que Pedra Amarrada mantuvo un conflicto con el Concello de Cangas para evitar que se le concediera licencia a un edificio y que trató de evitar que empezara las obras de construcción.
El PP tumba la propuesta de la Alcaldía de modificación de la ordenanza de plusvalía por establecer el gobierno coeficientes máximos
El PP tumbó la ordenanza municipal que regula el cobro de la Plusvalía y que presentaba el gobierno municipal para su aprobación al pleno. Lo hizo porque en la propuesta es cierto que se plasma el texto del Real Decreto-Lei 26/2021, pero lo significativo es que existe una parte en la que los concellos tienen un margen de maniobra. “En el artículo 107.4 se disponen los coeficientes a aplicar según años de antigüedad de la propiedad del terreno, el listado de esos coeficientes es un listado de máximos, es decir, que los concellos pueden establecer cualquiera coeficiente que sea inferior a los establecidos en el listado del artículo 107.4”. La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, propuso los coeficientes máximos, “no vaya a ser que se pierda recaudación”, manifiesta el concejal del PP Pío Millán. También hubo problemas con los plazos. Pío Millán asegura que en el plazo de modificación de la ordenanza de plusvalía existe una disposición transitoria que obliga a los concellos a realizar esta modificación en un lazo de seis meses desde su publicación. Pío Millán recordó al pleno que el plazo finalizó el 10 de mayo de 2022. Tal y como se pusieron las cosas en este tema, el gobierno local optó por retirar la propuesta de la Alcaldía, que esperaba aprobarla por unanimidad.
