Al Concello de Cangas no le consta que los propietarios del gimnasio Sport Club, ligado al ex concejal independiente Nardo Faro Lagoa, procediese a la demolición parcial que establece la licencia municipal de legalización concedida en 2020 por la junta de gobierno. Y, aunque a pesar de que los vecinos directamente afectados anunciaron su intención de no recurrir esta sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Pontevedra, el Concello de Cangas está estudiando el fallo judicial, sobre todo porque quiere evitar pagar algún tipo de indemnización.
De momento, los propietarios del gimnasio no hicieron pública, de manera oficial, su intención de reclamar dinero al Concello de Cangas, pero sí que es cierto que se estaba esperando al resultado de la demanda interpuesta por Luis Barros contra el Concello de Cangas. La semana pasada vio la luz y el resultado es favorable a las pretensiones de la empresa, que tuvo que derribar las naves y marcharse al polígono de Castiñeiras. Pero los vecinos sí que mencionaron que no descartaba en absoluto demandar al Concello por daños y perjuicios. Así que, de una forma u otra, el Concello se encuentra atrapado y con la amenaza de las indemnizaciones sobre su cabeza.
Hay que recordar que la última sentencia sobre el gimnasio, el juzgado considera que procede acoger la petición de declaración de inejecutabilidad (por imposibilidad legal) d ejecución de la sentencia definitiva dictada sobre la base de la concesión de licencia de legalización (con demolición parcial) a la obra por acuerdo de la junta de gobierno del Concello de Cangas de 2020. La situación ahora mismo es compleja y no se descarta niguna de las alternativas.
