La Sociedad Gitana Española considera que la “maniobra para quitarnos del medio ha fracasado” al cerrar la Audiencia de Pontevedra la fase de instrucción de la “Operación Vida”, en la que figuran como investigados el autodenominado rey de los gitanos gallegos, Sinaí Giménez y sus hermanos. Sociedad Gitana Española llama a la “Operación Vida”, “Operación Queremos Puestos ambulantes a Cualquier Precio”.

Asegura este colectivo que la fiscalía y el abogado de los testigos protegidos querían que siguiera la instrucción a pesar de que todos los delitos “son falsos, manipulados y preparados entre la propia fiscalía y los gitanos zamoranos con el único objetivo de echar de los mercadillos a los vendedores gitanos gallegos, castellanos y portugueses de la ocupación de los puestos ambulantes y que ahora (hay pruebas de ello en forma de fotos y vídeo) los ocupan los gitanos zamoranos y afines”.

Añade este colectivo que la fiscalía y el abogado de los testigos protegidos, de forma organizada y premeditada buscaban alargar la instrucción de esta causa para tener a los gitanos gallegos, vendedores castellanos y portugueses alejados de los mercadillos y así no tener competencia. “Estamos convencidos que esta operación iniciada, en principio contra la familia Morón no conseguirá el objetivo ya que las licencias y todos los puestos de venta ambulante de los mercadillos de Pontevedra, Marín, Bueu, Cangas, Moaña y Vigo serán anulados y habrá un sorteo público para todos ellos, donde más de 500 familias gitanas y todos sus miembros, un total de 4.000 personas, acudiremos en bloque a solicitar los puestos y tendremos, a buen seguro, más del 50% de las adjudicaciones”.

Sociedad Gitana Española confía plenamente en la Justicia y dice que al final acabará imponiéndose la democracia y los derechos constitucionales que “han sido violados sistemáticamente en dicha operación”. Afirma que lo único que se consiguió con esta operación es acabar con cientos de puestos de familias que tenían una vida digna mediante su trabajo y que ahora son perceptores de ayudas de emergencia, ayudas sociales o vitales, por no tener ingresos, sumiéndolos en la marginación social.

“Además, los magistrados que componen la Sala Segunda de la Audiencia Provincial están manifiestamente contaminados, viciados y enemistados con la familia Morón, con Sinaí Giménez, Miguel Ángel Valverde Benedicto, Samuel Jiménez y Juan Paulo Giménez, tanto en esta causa como en otras, por denuncia de recusación e inhibiciones que no han tenido respuesta”, sostiene el colectivo.