La evolución de las cifras de reciclaje y recuperación de residuos durante la última década en la comarca de O Morrazo son positivas y alentadoras, según los datos entregados por Urbaser a la Mancomunidade. Pero aún así, los números no cuadran y los concellos están “muy lejos” de cumplir con las exigencias de las nuevas normativas de la Unión Europea (UE), Xunta de Galicia y de la que está tramitando actualmente el Gobierno de España. Así lo reconocen abiertamente desde la presidencia y la gerencia de la Mancomunidade, que preparan nuevas campañas de sensibilización y experiencias piloto, como la implantación del contenedor marrón en Cangas y Bueu. Todo ello acompañado por un refuerzo en la estrategia del compostaje.
Los datos que acaba de entregar la actual concesionaria del servicio de recogida, Urbaser, abarcan desde 2012 a 2020, y reflejan aumentos considerables, en especial en lo que se refiere a los plásticos y envases ligeros, que se depositan en el contenedor amarillo. La cifra prácticamente se duplicó durante este periodo, pasando de 366.700 kilos a más de 680.000 kilos, lo que supone un incremento por encima del 85%.
Los aumentos en el caso de vidrio y de papel y cartón son más moderados, pero también es cierto que sus cifras de recuperación ya eran mucho más elevadas. En lo que respecta al papel [contenedor azul] se constata una mejora de casi el 28%: de los 817.000 kilos de 2012 se pasa a superar el millón de kilos en los últimos datos elaborados por Urbaser. En el caso del vidrio, se pasa de más de 743.500 kilos a más de 981.800, lo que en este caso supone una diferencia de más del 32%.
Pero sin duda, las variaciones más llamativas se registran en dos de los capítulos que más preocupan a la Mancomunidade do Morrazo por la mala imagen y por el impacto que supone en la factura que se paga a Sogama: los restos de podas y los enseres voluminosos.
La costumbre de depositar restos de tareas agrícolas en los contenedores verdes o de fracción resto está aún muy arraigada. La consecuencia es que eso repercute en el número de toneladas que se envían para tratar en la planta de Sogama, lo que a su vez significa que la Mancomunidade tiene que pagarle más a la empresa pública. En el año 2012 solamente se recuperaban 249.000 kilos de este tipo de restos de podas, una cifra que ahora se dispara por encima de los 900.000 kilos. Es un 262% más que hace una década.
Algo parecido ocurre con los enseres voluminosos, cuyo depósito en la vía pública o el hecho de arrojarlos directamente a vertederos incontrolados redunda en una pésima imagen. En este caso, se pasa de recuperar casi 260.000 kilos de este tipo de residuos a cerca de 745.000, lo que implica un 187% más.
Entre las notas positivas está el hecho de que se contiene el transporte a Sogama de la fracción resto, que es la que se deposita en los contenedores verdes y que suponen la mayor parte de la factura para la Mancomunidade do Morrazo. En 2012 eran algo más de 24,6 millones de kilos anuales y ahora son 24,9 millones de kilos. Una diferencia de apenas el 1%.
Aún así, desde el organismo supramunicipal reconocen que se está “lejos” de cumplir con las nuevas leyes sobre residuos, una normativa que plantea “exigencias radicales”, tal como las definió la Diputación de Pontevedra en una reunión celebrada hace unos días con los ayuntamientos y en la que participaron la gerente de la Mancomunidade y el edil de Medio Ambiente de Bueu, Xosé Leal. En base a ese nuevo marco legal los concellos tienen la obligación de contar con una recogida selectiva de toda la basura y de separar ya en origen a los productores. En 2020 el 50% de los residuos ya tenían que estar preparados para su reciclaje, una cifra que sube al 55% en 2025, al 60% en 2030 y al 65% en 2035. Desde la institución provincial subrayan que el primero de esos plazos está vencido y que ya están abiertos los primeros expedientes sancionadores, aunque de momento la Mancomunidade no tiene constancia de ninguno que afecte a la comarca de O Morrazo.
Controles e inspecciones para separar los residuos
“Se acabó la fase de buenismo”. Así de contundentes se muestran desde la Diputación de Pontevedra para explicar que ha concluido el periodo en el que se pretendía alcanzar objetivos de reciclaje a través de acciones voluntarias. Ahora, entre otras cosas, se impone un mayor control e inspección para comprobar que la separación de residuos se realiza de manera correcta desde el origen. Esto significa que los ayuntamientos, o las mancomunidades como la de O Morrazo, deberán contar con un cuerpo de inspectores. Para ahorrar costes a los concellos desde la Diputación se ofrecen a crear una plantilla de carácter provincial que para dar cobertura a los municipios.
El alcalde de Bueu y actual presidente de la Mancomunidade do Morrazo, Félix Juncal, apunta que de momento no se ha tomado una decisión al respecto y reconoce que se trata de un tema “sensible” para la ciudadanía. “Tenemos que entender que cuanto mejor hagamos la separación de los residuos, mejor será para todos. Hay que incorporar una serie de exigencias medioambientales y estamos obligados a cumplir con una serie de porcentajes”, recuerda Juncal. Esto redundará en “un control más directo y casi diario” para evitar consecuencias negativas. Con la nueva ley autonómica, los concellos están obligados a transmitir a la Xunta de Galicia sus datos de recogida para verificar que se cumplen con los objetivos asignados.
Juncal reclamará a Sogama que aplique el descuento en la factura por el uso de la planta de transferencia
El presidente de la Mancomunidade do Morrazo avanza que en los próximos días solicitará una entrevista con el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino. El objetivo es que la empresa pública aplique un descuento en la factura por la utilización de la planta de transferencia del complejo de A Portela, una reclamación que según Juncal “es de justicia”. Desde O Morrazo recuerdan que en al año 2014 se firmó un plan de pagos para saldar la deuda con Sogama. “Hemos cumplido escrupulosamente con ese convenio, que finaliza este año. Es hora de que Sogama aplique esa bonificación en la factura, que significaría reducir en 3 euros el actual precio de 62 euros por tonelada”, defiende Juncal.
Si se tiene en cuenta el volumen de residuos que se envían al final de cada año a las instalaciones de Sogama, el ahorro no es desdeñable y podría rondar los 175.000 euros anuales. “Esperamos receptividad y una respuesta positiva. Si no es así buscaremos otras vías para conseguir lo que por justicia nos corresponde”, advierte el presidente mancomunado. No lo dice abiertamente, pero esa afirmación se puede interpretar como una disposición a acudir a los tribunales para que Sogama aplique esa rebaja en el canon.
La deuda con Sogama ascendía a 8 millones de euros. Para saldarla se recurrió a un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para un montante de seis millones. Los dos millones restantes son los que se abonan con este plan de pagos que expira a finales de este año.
