Cuando el pasado viernes el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra dictó el famoso “visto para sentencia” que puso el punto final a la vista oral del juicio por el narcosubmarino, solo tres de las siete personas que se sentaban en el banquillo de los acusados salieron con una pena de prisión encima de forma segura tras reconocer los hechos. Son los únicos tres acusados que, tras el juicio, regresaron a su situación de prisión provisional.
Fueron los tres tripulantes del semisumergible, los únicos tres que, tras ser sorprendidos tras saltar del barco, se mostraron de acuerdo con el escrito del fiscal, pero no con las elevadas penas de prisión que les reclama. Doce años y medio para el vigués Agustín Álvarez, y doce años para los ecuatorianos Pedro Roberto Manzaba y Luís Tomás Manzaba. Son condenas que las defensas consideraron “desproporcionadas” tras insistir en su papel dentro de la supuesta organización dedicada al tráfico de cocaína que, a su juicio, quedó demostrado que era el de “meros transportistas” de la droga. El abogado de Luis Tomás incluso llegó a definir a su cliente como “el último de fila” en la red, la mula que acepta la parte más complicada de la misión “jugándose la vida para cruzar el Atlántico en un sumergible casero, “en unas condiciones infrahumanas”, como reconocieron los agentes de la Guardia Civil.
Las defensas de ambos ciudadanos ecuatorianos, pidieron al tribunal que tenga en cuenta la circunstancia de “desesperación económica” y “estado de necesidad” a la hora de imponerles las penas, tras haber reconocido los hechos y “en su plenitud” y que parte de esta condena (que fijaron entre seis y nueve años) se pueda sustituir por la expulsión a su país de origen.
Un hijo con cáncer
Precisamente en la situación económica de Ecuador es donde sitúan este “estado de necesidad” que les llevó a embarcarse en una aventura con un riesgo vital de este calibre. Quien más insistió en ello fue la defensa de Pedro Roberto, quien alegó que aceptó el peligroso encargo para obtener dinero que le permitiese costear un tratamiento para su hijo de cuatro años, enfermo de cáncer. En el último momento del juicio aportó al tribunal un certificado de defunción del menor, como prueba documental de ello.
En el caso del vigués Agustín Álvarez, su abogado lamentó la “irrisoria” rebaja plantada por el fiscal, además con el agravio comparativo de seis meses de prisión a mayores frente a sus compañeros de singladura. Señala además su “arrepentimiento” por estos hechos en los que además “se jugó la vida” cruzando el Atlántico en condiciones infrahumana”, navegando “16 días, 392 horas, hacinados, aspirando gases por la deficiente ventilación del buque y entre gasóleo” y sin espacio por los 153 fardos de cocaína. Un “arrepentimiento” que no es, además, “un brindis al sol”, sino que se muestra tanto en su reconocimiento “pleno” de los hechos imputados por el fiscal, como “en su comportamiento en prisión encaminado hacia la reinserción”, tras arreglárselas para ser trasladado a un módulo en el que es tutor de dos reclusos con problemas mentales.
Más allá de la decisión que ahora tomará la Audiencia de Pontevedra, lo que parece claro es que la navegación no fue fácil para estas tres personas. Una singladura en la que, según los datos expuestos en el juicio, el sumergible salió de Brasil y fue detectado en las costas de Portugal antes de llegar a Galicia. Allí, parece que la organización que iba a encargarse de la descarga renunció al encargo y se activó un plan B en el que Agustín habría pedido “auxilio” a los amigos de su entorno. Una ayuda que reclamó para salvar su vida, según la defensa del resto de los acusados, y para culminar la descarga de cocaína según el fiscal.
Los guardias civiles corroboraron que el estado en el que se encontraron a los tripulantes del submarino fue de agotamiento total, “estaba exhausto”, dijeron de uno de ellos. Y parece ser que tuvieron problemas con los suministros de víveres y agua. Hasta salió a relucir en el juicio problemas en la navegabilidad y el motor. Una singladura de la que quizás su mejor sentencia fue salir vivos.
El fiscal asegura que no hay confesión dado que “no han aportado nada”, al no desvelar quién les hizo el encargo
La visión es muy distinta por parte del fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela. En su informe final, el Ministerio Público explica que el reconocimiento de los hechos por parte de los tres tripulantes del narcosubmarino no puede implicar una atenuante de confesión dado que “no han aportado absolutamente nada” a lo que ya había sido averiguado por la investigación. Los tres se negaron a responder al fiscal y solo a reconocer al completo su escrito de acusación. “Conocen quién les hace el encargo, entendemos que no son la cúspide de la organización” pero no aportan nada para conocer quién estaba detrás del alijo, señalando que las penas de doce años son ajustadas dado que, si algún día se llega a dar con los jefes de la red se expondrían estos a condenas de hasta 18 años de prisión. También reconoce que sí asumieron un “riesgo vital”, pero que esto no quita que “se prestaron a colaborar en la introducción de nada menos que tres mil kilos de cocaína en nuestro territorio, aún no siendo los directores de la organización criminal”, por lo que la condena a 12 años es proporcionada. Las defensas pidieron al tribunal que ese reproche de que ninguno de los tres haya dado datos sobre quiénes eran los responsables del “cargamento” no tiene sentido, dado que “ese no era el objeto de este procedimiento”.
