Un total de 19 candidatos optarán a la plaza de arquitecto en el Concello de Bueu, con la perspectiva de poder cubrirla el próximo mes de febrero, una vez finalice todo el proceso selectivo. La Alcaldía ha publicado esta semana el listado de admitidos –los mismos que presentaron su solicitud, al no haber ningún excluido– y ha hecho público el nombramiento del tribunal encargado de seleccionar al futuro ocupante de ese puesto.
Bueu está sin arquitecto municipal desde el pasado mes de septiembre, cuando cesó en el cargo Francisco J. Antoñón, que lo ocupaba desde septiembre de 2019 en una comisión de servicios. Desde el área de Urbanismo se reconoce que la ausencia de un arquitecto ha podido afectar al buen ritmo de trabajo de los últimos meses, tras la incorporación de un técnico en administración general para reforzar el departamento. Pero también se ha adoptado una medida de urgencia para paliar en la medida de lo posible este problema. De este modo, el alcalde buenense, Félix Juncal, ha emitido una resolución para capacitar al aparejador municipal a la hora de realizar los informes de obras mayores.
“Él asumirá esas tareas para no paralizar la tramitación de expedientes. Conoce perfectamente el departamento, está cualificado para ese puesto y es una práctica habitual en otros concellos que el arquitecto técnico (aparejador) también emita informes”, asegura el concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva. Así el funcionamiento de Urbanismo no se verá excesivamente afectado en una época en la que la tramitación de licencias para vivienda unifamiliar, edificaciones o incluso espacios de uso turístico se ha multiplicado, amparándose –señalan desde el Concello– en la seguridad jurídica que ofrece el Plan Xeral aprobado en 2017.
Juncal habilita al aparejador para emitir informes y no paralizar la concesión de licencias
El proceso de selección de personal para la plaza interina de arquitecto municipal tiene sus condicionantes propios, ya que el tribunal debe estar conformado por personas con idéntica categoría profesional a la del puesto ofertado. Esto ha supuesto que haya habido que recurrir a trabajadores de otros concellos del entorno. Así, el interventor municipal de Bueu presidirá un tribunal en el que también estarán presentes un técnico de administración general de la Diputación de Pontevedra como secretario, y arquitectos de los concellos de Vigo y Pontevedra, y de la Xunta de Galicia, como vocales.
La previsión es cubrir el puesto en febrero
La valoración de los candidatos comenzará con la formación académica, que otorgará hasta 40 puntos, y con la experiencia profesional, que puede dar un máximo de 28. Luego habrá que realizar unas pruebas teóricas y prácticas en unas fechas aún por determinar con 60 puntos en total como máximo. El examen teórico consta de dos pruebas eliminatorias, una de ellas con 50 preguntas tipo test y la otra con un cuestionario de cinco preguntas. Son 20 puntos de máximo, mientras que los 40 restantes corresponden a una parte práctica en la que los aspirantes se deben enfrentar a uno o dos supuestos. Asimismo, se incluye un ejercicio para demostrar el dominio de la lengua gallega.
Desestimado el recurso
El proceso para la selección del nuevo arquitecto ha superado en los últimos días un importante escollo al haberse desestimado el recurso de reposición presentado por el anterior arquitecto contra las bases de la convocatoria. La argumentación del anterior titular de la plaza se fundamentaba en que no había lugar a la oferta del puesto como funcionario interino “al no haberse agotado las posibilidades de cubrirla con un funcionario de carrera, como lo ha estado en los dos últimos años”. En base a esto se solicitaba la nulidad de “todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo”.
Desde el gobierno local se ha defendido la opción elegida para cubrir la plaza por haberse seguido las recomendaciones establecidas desde Secretaría en lugar de optar por un concurso de méritos. De todos modos, desde el gobierno local no se descarta que el recurrente pudiese presentar un recurso dentro de lo contencioso administrativo.
