Tras analizar la documentación aportada por la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), relacionada con las facturas del cierre perimetral de la zona dunar dañada en la playa de Rodeira y las de la promoción turística y deportiva, además de la que tiene que ver con trabajos de desarrollo del tejido social, el grupo municipal del Partido Popular afirma que para nada se ajusta a lo solicitado y lo acordado en el pleno de la corporación municipal.
El portavoz del PP en temas económicos, Pío Millán, recuerda que en el pleno del mes de octubre se aprobó la moción de su grupo donde se acordaba instar al gobierno a remitir en el plazo de 15 días, a todos los grupos municipales, copia de las facturas y dos trabajos antes citados, con firma del técnico municipal que avale la veracidad de los trabajos, los que se hace referencia en dichas facturas; así como los correspondientes expedientes de contratación con informe de legalidad de secretaría e Intervención que debe acompañar a dichos gastos.
Apunta que la mencionada moción estaba basada en las facturas de dudosa legalidad, ya que no estaba nada claro que prestaran algún servicio al Concello por los conceptos que facturaban, ni lo precios que estaban contemplados en las mimas se adaptaban a los valores de mercado.
Afirma que la documentación que se les entregó mediante correo electrónico, sin dar salida por registro, son 6 documentos contables, en los que consta la misma información que ya teníamos con anterioridad, como así lo demostró el PP en el pleno del mes de octubre. “Ni nos facturas originales, ni copias de las mismas. No consta la firma de ningún técnico o funcionario municipal que diga que se realizaron esos trabajos, ni se nos hace entrega de los informes de Intervención y Secretaría”.
Para el PP, la documentación entregada por la alcaldesa no aporta nada nuevo y considera que es una tomadura de pelo al PP y a los demás grupos de la oposición, ya que es su obligación fiscalizar el gasto público y cumplir los acuerdos plenarios. Irozina Pío Millán con que, a lo mejor, se lo envió al PP de Marcón (lugar donde vive la alcaldesa) porque la documentación solicitada no les fue entregada. Advierte que si esa es la respuesta del gobierno, “nos veremos obligados a acudir a los juzgados para obtener la documentación solicitada”.
