Abalo arremete contra el PP y avisa que sus “pelotazos urbanísticos” pueden dejar el Concello en bancarrota
El edil de Facenda cifra en más de seis millones el “agujero económico” por sentencias judiciales

Mariano Abalo. | // G.N. / Gonzalo Martínez
Con el telón de fondo de la sentencia –que va a ser recurrida– que obliga al Concello de Cangas a devolver a Promalar dos millones de euros que la inmobiliaria le adelantó en 2004 por la firma de un convenio urbanístico que no llegó a concretarse, el concejal de Facenda, Mariano Abalo, arremete contra los cargos municipales del Partido Popular cuyas decisiones han causado quebranto u obligaciones que comprometen la estabilidad económica del consistorio. “Los pelotazos urbanísticos del PP pueden provocar la bancarrota del Concello”, resume el edil, que cifra en más de seis millones de euros el desembolso al que se expone la administración canguesa derivado de dichas decisiones políticas. "Superior a la deuda del Concello", añade.
La cuantía más alta está relacionada con el convenio urbanístico con Promalar, firma a la que ya se pagaron 830.197 euros tras una sentencia que obligaba a devolverle el adelanto de 700.000 euros (más los intereses correspondientes, hasta sumar los 830.197) derivado de la aprobación inicial del Plan Xeral. Si el recurso de apelación que el gabinete jurídico del Concello presentará antes del miércoles no prospera, el consistorio deberá pagar también los otros dos millones de euros que los liquidadores de la firma inmobiliaria le reclaman, a los que podrían sumarse 1.386.180 euros en intereses, según cómputo de los técnicos municipales. La suma para Promalar alcanzaría, así, los 4.216.318 euros, y aún está sin resolver la deuda por el convenio urbanístico de Massó, que ronda 1,5 millones y llevaría el total de este apartado hasta 5.716218 euros.
Siempre según los cálculos que maneja Mariano Abalo, las deudas contraídas con empresas del sector por parte del Concello de Cangas en los gobiernos del Partido Popular seguirían inflándose con 68.301 euros derivados de gastos judiciales relacionados con una sentencia frente a la demanda de 517.807 euros por parte de Acciona y de 354.000 euros por otra de Seragua, del año 2017. Todos esos conceptos suman 6.138.619 euros, “cifra que supera la deuda del Concello”, recalca el edil de Facenda, y que le lleva a concluir que “los pelotazos del PP pueden provocar la bancarrota” en las arcas municipales.
Trámites para recurrir
Con respecto a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra que obliga al Concello a devolver dos millones de euros a Promalar, Abalo señala que el gabinete jurídico ya tiene “perfilados” los argumentos del recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que se presentarán antes del miércoles, fecha tope.
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