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Abalo responsabiliza a Sotelo de la sentencia que obliga devolver 2 millones de euros a Promalar

El edil de Facenda descarta defintivamente que el convenio aparezca en el nuevo PXOM ETilda de duro el golpe para las arcas y recuerda que aún falta el millón de euros que reclama Massó

Cartel de promoción de las viviendas que se pretendían construir en Aldán. | // SANTOS ÁLVAREZ

El gobierno local de Cangas evalúa la posibilidad de apelar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Pontevedra que condena al Concello a devolver 2 millones de euros a los liquidadores de Promalar ante la imposibilidad de sacar adelante el convenio urbanístico firmado con el Concello en 2004 cuando era alcalde José Enrique Sotelo. Y Mariano Abalo salió ayer al paso de esta sentencia para responsabilizar única y exclusivamente de ella a José Enrique Sotelo. Asegura el edil de Facenda del Concello de Cangas que el citado convenio formó parte de una oscura trama para favorecer intereses de particulares. Mencionó también que la situación del convenio había dejado secuelas, como que la empresa concursal haya procedido a subastar las fincas, algo que según el edil se encuentra ahora mismo en los tribunales.

Asegura que en el borrador del PXOM que se va a presentar a la aprobación del pleno y después de la Xunta de Galicia no aparece el convenio urbanístico de Massó. Que Monsa ya no lo incluye. Sí que lo hacía en 2019, cuando el documento señalaba textualmente: “A proposta limita os solos a salvagardar el convenio de Promalar e a compactación do núcleo de Cangas. Non hai novos desenrolos fora da capital municipal”. Esta fórmula, ya descartada, pretendía ser una estrategia para no perder los 2 millones de euros. Si figuraban en el PXOM, por muy imposibles de ejecutar que fuera, no se podía culpar al Concello de su no desarrollo. Al final no se optó por esa vía. Además, como señala la sentencia judicial, el Plan de Ordenación del Litoral (POL) impide su desarrollo.

Mariano Abalo deja claro que es un duro varapalo para las arcas municipales y que todavía se está pendiente de una reclamación de los nuevos propietarios de Massó, que reclaman un millón de euros por la firma de convenio urbanístico. También recuerda que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) había condenado también al Concello a pagar 800.000 euros más intereses a Promalar en el año 2015. En este sentido, Mariano Abalo manifiesta que los gobiernos de ACE siempre tuvieron que hacer frente a las deudas que dejaron los gobiernos del Partido Popular. Compara los convenios con la herencia que dejaron los populares con la firma del contrato del ciclo del agua.

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