La urbanización de Golf Domaio sigue siendo un esqueleto de viviendas adosadas e individuales a medio construir y solares llenos de maleza, como un pueblo fantasma, salvo 18 casas, las únicas cuyos propietarios lograron concluir y están habitadas, al amparo de la licencia que el Concello de Moaña había otorgado en 2003 para 102 viviendas. El proyecto, del año 1990, contemplaba 462 viviendas adosadas, unifamiliares y en un bloque de apartamentos; además de un hotel. La gestora de la junta de compensación, integrada por los propietarios que compraron en su día sobre plano, muchos de ellos vigueses- cuya lista se fue agrandando con los ejecutores de los embargos sobre la empresa promotora, Construcciones Mirón y Agarvi, trabaja intentando sortear todos los atrancos para poder concluir el proyecto de urbanización que permita al Concello de Moaña otorgar las licencias con toda la cobertura legal. Pero la falta de presupuesto para seguir haciendo frente a las derramas que surgen por las sentencias judiciales impide ver la luz en el túnel.
Mirón y Agarvi plantó la urbanización en 2007, pero ganó una sentencia judicial por la cual la junta de compensación tiene que pagar a sus representantes 3,1 millones por la obra ejecutada. Se fue siendo propietario de buena parte de las parcelas, sobre las que afloran embargos y subastas, muchas de las cuales quedan desiertas en ese túnel sin luz porque el adquiriente tiene que hacer frente al pago de la cuota correspondiente del coste de urbanización o se liquidan con cantidades ínfimas, muy por debajo del valor de tasación.
Es el caso de la subasta que realizó la Agencia Tributaria sobre siete parcelas de la constructora en la zona B del polígono, correspondiente a viviendas adosadas, con un precio de tasación de 236.000 euros. Sobre dos ellas, no se recibió puja, y sí sobre las cinco restantes, pero por cantidades de 3.000, 4.000, 5.000 y 7.000 euros, cuando el valor de las parcelas está entre los 29.184 euros de la más económica a los 35.328 de la más cara.
Se trata de las parcelas B.5.7A y B.5.6A, que recibieron una puja máxima de 3.000 euros cada una, cuando su valor de subasta y de tasación eran de 35.328 y 30.080 euros, respectivamente. De igual forma está el solar B.5.8A, con un valor de subasta de 31.744 euros, que recibió una puja máxima de 5.000 euros; como también el B.5.5A, con un valor de 29.184 euros y que recibió una puja máxima de 4.000 euros y la última de ellas, la denominada B.4.25A, con un precio de 35.328 euros y por la se pujó un máximo de 7.000.
Las otras dos parcelas que no recibieron puja alguna fueron la B.4.26A y la B.4.29A, con unos valores de 37.632 y de 36.864 euros, respectivamente.
La junta de compensación desconocía ayer quienes habían sido los pujadores. En todo caso, si se adjudicaron, la adquisición conllevaba hacerse cargo de la cuota correspondiente de gastos de urbanización del Concello. En el caso de la Zona P, de apartamentos, una empresa también la adquirió en subasta hacer tiempo, como también el solar para el hotel o Zona H. En este último caso, la licencia fue caducada por el Concello.
La urbanización del ámbito, paralizada desde hace tres años por falta de acuerdo con Mirón y Agarvi
La junta de compensación del complejo residencial de Golf Domaio busca fórmulas para poder recuperar sus asambleas tras el parón por la pandemia. De todas formas, la paralización de los trabajos de urbanización de todo el ámbito y de dotación de servicios continuará en el tiempo. La sentencia que obliga a los parcelistas a afrontar el pago de 3,1 millones de euros a la antigua constructora Mirón y Agarvi SL mantiene desde hace tres años bloqueada cualquier iniciativa vinculada con la urbanización. Desde la primavera de 2019 la junta de compensación está negociando con los representantes de esa firma sin que de momento se haya llegado a un acuerdo. Se llegó a suspender una asamblea en 2019 precisamente por no alcanzarse este acuerdo. El objetivo de los propietarios de parcelas es que los ganadores de la sentencia acceden a una rebaja muy sustancial de ese pago que consideran inasumible. En julio de 2018 los parcelistas se negaron a afrontar una nueva derrama por un importe tan elevado. Esos 3,1 millones de euros se corresponden a la cantidad que Mirón y Agarvi reclamó en 2010 a la junta de compensación por la obra ya ejecutada cuando renunció a seguir la urbanización en diciembre de 2007. Eran 2,2 millones de reclamación a los que hay que sumar los intereses de esos ocho años y las costas del proceso judicial. Por otro lado, el colectivo ecologista Luita Verde mantiene su exigencia de que el Concello de Moaña caduque las licencias de las viviendas a medio construir y de los chalés que todavía no llegaron a levantarse. Los vecinos de las 18 casas que están en estos momentos habitadas entienden que esta decisión no les afecta “porque nosotros pagamos los impuestos por nuestras viviendas, que están registradas. Preferimos que se acabe toda la urbanización, pero entendemos que a nuestras casas no les pueden retirar los permisos”. Lo mismo ocurre con la junta de compensación, a la que “lo que nos incumbe es dotar de servicios al ámbito, no las viviendas a medio construir”.
