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La Xunta elude comprometer ayudas directas a los auxiliares del naval que sufren impagos

Empresarios y Gallego en la entrada del Parlamento. | X. ÁLVAREZ

“Fue un jarro de agua fría. Salimos más desanimados de lo que entramos”. Esta es la sensación con la que los integrantes de la plataforma de empresas auxiliares del sector naval afectadas por deudas de grandes astilleros desde hace años dejaron ayer el Parlamento gallego. Y es que la diputada del PSOE, Leticia Gallego, planteó a la Xunta, en la Comisión de Industria, que estableciese un canal de ayudas directas para estas pequeñas empresas, lo que redundaría también en los trabajadores del naval. Pero en su respuesta el director xeral del Igape, Fernando Guldrís, evitó comprometer ayudas directas.

Desde el ejecutivo gallego, el titular del Igape aseguró que el naval es “un sector estratégico para nuestra economía” y aludió a una recuperación tras el parón por la pandemia, “pues en este año 2021 los astilleros cuentan con una cartera de encargos de 17 buques que pueden suponer una facturación de más de 750 millones de euros”. Sin embargo, en cuanto a la situación de los auxiliares que acumulan deudas al no haber recibido el pago por trabajos realizados, se limitó a explicar la línea de créditos abierta por la Xunta que permite a cada empresario aspirar hasta a 1 millón de euros y tienen hasta el 30 de diciembre como plazo de solicitud.

Esta respuesta fue duramente replicada por la socialista Leticia Gallego, quien entiende que “la Xunta carece de un plan para el naval y no pone sobre la mesa ni una sola medida ante el problema de las auxiliares”.

A la salida de la comisión varios de los empresarios que llevan la plataforma con sede en Moaña, pues muchos de ellos son de O Morrazo, mostraron su desilusión. “Solo nos plantean pedir más créditos, pero eso no es ninguna solución. Nuestras familias ya están endeudadas y no podemos empeñarnos más”, alertaba el portavoz del colectivo, Balbino Barcia.

Los empresarios se mostraron también críticos con la medida del Gobierno central del conceder 23 millones de euros al astillero Barreras. “Le dan dinero de nuestros impuestos a una empresa que nos debe millones sin exigirle que los use para saldar sus deudas”, lamentan.

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