Los afectados por los derribos de la Axencia de Protección a Legalidade Urbanística (APLU) comienzan a organizarse. Está previsto que se reúnan hoy, a las 20.00 horas, en el Camping de Liméns. Nada tienen que ver estas personas con las que el pasado lunes fueron atendidas por la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, y los portavoces de todos los grupos municipales, donde se reunieron tres con tres familias afectadas que sí tienen licencia municipal. Se trata de afectados que presentan circunstancias diferentes. En la mayoría de los casos, sus viviendas fueron construidas sin licencia municipal (no como la de los tres casos de Nerga), aunque muchos afirman que estuvieron pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante años. La APLU ya actuó en la costa de O Hío y Aldán no hace mucho.
Comentaba ayer una afectada que su construcción, un bungalow que creció con el tiempo, se levantó en el año 1997 en O Hío. Reconoce que se levantó sin licencia y, aunque no recibió ninguna notificación de la APLU, sí que tiene constancia de que a otras personas que están en su misma situación sí les llegó. Además, afirma, que a un vecino suyo ya le hicieron tirar varias construcciones. En este casos, como en otros muchos, como ocurrió a principios de los 90, las construcciones no pertenecen a vecinos de Cangas. De hecho, esta afectada con la que tuvimos oportunidad de hablar ayer nos comenta, que el problema que tiene ahora es dónde trasladar todo lo que tiene dentro de su construcción, de cinco habitaciones. Afirma que tiene información de que la APLU tiene intención de derribar todas las construcciones ilegales en la costa levantadas a partir de 1987.
El que fuera presidente de la Asociación de Vecinos de Nerga, Alfonso Nores, se sumó también a esta plataforma de afectados, donde también hay vecinos de Vigo que tienen casas en Santa Marta y que están amenazadas por la piqueta del APLU.
Asentamientos ilegales en la costa de Cangas
La nueva plataforma que está a punto de constituirse, no descarta acudir a la Justicia. Consideran que la APLU mantiene criterios de demolición que no comparte la Unión Europea. Sin embargo, los políticos locales no son demasiado optimistas en estos casos. Por toda la costa de Cangas se pueden ver asentamientos ilegales que fueron creciendo al margen de los permisos municipales y de Costas. Ahora, la APLU inicia una campaña agresiva para poner fin.
