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Los okupas de la Casa dos Pobres fueron llamados a declarar hoy ante la jueza

El Concello de Cangas denunció a la pareja por usurpación de vivienda y considera que existe una desobediencia a un mdanto judicial, al haber sido desalojados el día anterior

Momento del desalojo producido el pasado día 26 de julio. |   // GONZALO NÚÑEZ

Momento del desalojo producido el pasado día 26 de julio. | // GONZALO NÚÑEZ

Está previsto que los okupas de la Casa dos Pobres declaren hoy en el Juzgado Número 1 de Cangas. El Concello los denunció por usurpación de vivienda y desobediencia a un mandato judicial. Hay que recordar que los okupas de la Casa dos Pobres entraron el pasado día 27 de julio por la tarde, después de haber sido desalojados por mandato judicial el día anterior, después de ocupar el inmueble de forma ilegal durante casi tres años, como demostró las distintas sentencias que hubo en este caso. Si cuando entraron en 2017 hubo falta de contundencia por parte de agentes de la Policía Local, en esta segunda ocasión se volvió a repetir. Y eso que desde el gobierno de Cangas se había advertido que iba a mantener vigilado el inmueble para evitar lo que después fue inevitable, que entraran otra vez. La misma pareja que fue desalojada forzó por la noche la cerradura que se había cambiado el día anterior y entró en el inmueble. Pero ni la Policía Local ni la Guardia Civil quisieron actuar la fuerza contra los okupas sin contar con el aval del juzgado.

Pero el gobierno confiaba en que el permiso del juzgado para actuar fuese inmediato, pero no se consiguió, a pesar de que se entiende que es cosa juzgada, ya que se trata de las mismas personas que fueron desalojadas por mandato judicial tras una sentencia firme. Además consideran que hubo por parte de los okupas una desobediencia a un mandato judicial. Pero ni con esas. Los jueces, en estos casos, son mas garantistas. El Concello de Cangas trata de explicar que esta okupación impide el normal desarrollo de una servicio público en un inmueble que es público, como es el de dar acogida a aquellas personas que más lo necesiten según unos criterios que se marcan en Servicios Sociales. Se trata de un servicio paralizado durante tres años. Además, la presencia de los okupas impidió terminar la reforma que llevaba cabo el Concello de Cangas en colaboración con la Diputación de Pontevedra.

No hay mucha confianza en que después de declarar, la jueza ordene un desalojo inmediato. El Concello de Cangas espera que no tengan que pasar otros tres años para recuperar un inmueble que es suyo, cuestión que ya acreditada en juicio. La situación se está convirtiendo una pesadilla para la administración local.

En este caso no hay fisuras en la corporación municipal. Todos los grupos políticos entienden la necesidad de desalojar a los okupas, incluso aquellos que están en plataformas antidesahucios en Galicia.

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