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Masivo apoyo en la calle a familias que afrontan demoliciones “injustas” en el litoral de Cangas

Las personas participantes en la manifestación, a su paso por la Avenida de Ourense en Rodeira.   | // G.N.

Las personas participantes en la manifestación, a su paso por la Avenida de Ourense en Rodeira. | // G.N.

Detrás de una pancarta con el lema “No somos expedientes, somos familias. Mi casa no se tira”, centenares de personas salieron ayer a la calle en Cangas para arropar a los propietarios de viviendas construidas “de buena fe” en la franja de protección costera y sobre las que pesan órdenes de demolición de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). La protesta partió de la rotonda del Gordo y finalizó frente al consistorio, donde Rosa María Fernández, dueña de una vivienda en Nerga en esta situación, lamentó la “injusticia” que padecen, agradeció el respaldo popular y pidió “hacer ruido” para que la Administración acepte sus argumentos y no derribe su principal patrimonio. “¡La casa no se tira!”, coreó la multitud, haciendo sonar silbatos y tambores y levantando carteles de apoyo.

La manifestación partió de la confluencia de la PO-551 con la Avenida de Cornilló, que sirve de enlace con la Autovía do Morrazo, minutos después del mediodía y escoltada por la Policía Local, que cortó y desvió el tráfico rodado durante el recorrido, en el que la comitiva fue sumando apoyos. “Solo la movilización social y el respaldo solidario pueden salvar nuestra casa”, había proclamado recientemente Rosa María Fernández, emocionada al ver la plaza del Concello de Cangas colmada con centenares de personas que respondían a una convocatoria anterior. Ayer volvió a hacerlo ante la multitud que arropaba a ella y su familia tras cruzar parte del centro urbano en manifestación. “A nosotros nos quieren tirar la vivienda que no estorba a nadie, mientras otras están encima de la arena, como acabamos de comprobar en Rodeira, y no pasa nada”, protestó, ante los aplausos de la mayoría, aunque algunas personas matizaron que están “contra cualquier derribo”, al margen de la ubicación y de la casuística.

Manifestantes de todas las edades, con pancartas de protesta G.Núñez

A través de la megafonía aportada por el Concello de Cangas, la afectada aludió a la entrevista con el director de la APLU, Jacobo Hortas, que publica FARO y su defensa de la disciplina urbanística y del medio ambiente. Un cometido que puede ser “compatible” con las viviendas que se levantaron en su día en la franja de protección marítimo-terrestre pero con licencia e informes técnicos, avalada por las Administraciones e inscritas en el Registro de la Propiedad, como está la suya. Pide que los políticos “hablen entre ellos” y busquen alternativas al derribo antes de demoler propiedades y “dejar familias en la calle”.

La familia de Rosa María recibió el pasado 23 de junio la notificación de la APLU, instando a derribar su vivienda, apercibiéndoles de la imposición de multas coercitivas y de la ejecución subsidiaria si no actúan. Le dan un plazo para alegar, y ya lo han hecho en el sentido de reafirmarse a que actuaron de buena fe, siguiendo los cauces y procedimientos administrativos y abonando tasas, impuestos e hipoteca, que llevan 25 años amortizando. “24 años embarcado para escombros. Basta ya!”, rezaba en una de las pancartas, portada por su marido, que pasó ese tiempo trabajando en alta mar para levantar la casa y sacar adelante a su familia.

“¿Negocios sí y hogares no? Así no se protege el litoral”, “regulación sí, demolición, no”, “tu negocio, mi ruina”, “no más primas por derribo”, “la APLU destroza viviendas a las familias”, “APLU, abusones. Muy fuertes con los pobres, y los ricos ni tocarlos”, “no a la violencia institucional” y, “regulación sí, demolición no” o “mi casa no se tira” fueron los mensajes más repetidos durante la marcha de protesta, que transcurrió de forma pacífica y sin incidencias.

Afectados por expedientes de restauración de la legalidad de la APLU, reunidos ayer en Santa Marta FdV

Afectados de otros municipios se suman a la protesta

A la manifestación convocada por la familia de Rosa María Fernández, autorizada por la Subdelegación del Gobierno y avalada por centenares de vecinos que entienden que actuó de buena fe, se sumaron otros afectados en la costa de Cangas –sobre todo de las parroquias de O Hío y Darbo– con diferentes casuísticas y respaldo social. También se hicieron notar algunos vecinos de Marín que dicen sufrir una situación similar, al igual que un grupo de propietarios de la urbanización “Mar Tambo”, en Combarro, sobre cuyos chalés adosados pesan órdenes de demolición parcial por invadir la franja de protección de Costas. Alguno de ellos reconoció que conocía la situación legal antes de comprar y su disposición a demoler el exceso antes de que lo haga la Administración y le cargue los costes. Al finalizar la concentración de protesta frente al consistorio, varios propietarios de viviendas en el litoral cangués afectados por expedientes de restauración de la legalidad urbanística se citaron para una reunión en Santa Marta con el objetivo de adoptar una estrategia coordinada. Posteriormente, anunciaron su decisión de crear una “plataforma de defensa” de sus intereses frente a la Administración y de “contratar un bufete de abogados común” que gestione sus expedientes y los tramite en las instancias correspondientes. Su intención es volver a reunirse a corto plazo para concretarlo.

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