La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) está en el punto de mira de ciudadanos afectados por expedientes de restitución de la legalidad, entre ellos vecinos de Cangas sobre cuyas construcciones pesan órdenes de demolición y que hoy salen en manifestación, a las 12.00 del mediodía, desde la rotonda del Gordo hasta el consistorio. El director de la APLU, Jacobo Hortas, defiende la normativa urbanística que lo regula y el rigor en su aplicación.
–En Cangas hay un cierto “levantamiento popular” por las amenazas de derribo de construcciones, incluidas algunas viviendas en la costa. ¿Es coincidencia o responden a una ofensiva de la APLU?
–No, no, para nada hemos puesto el foco de la actividad ahí! En Cangas actuamos exactamente igual que en cualquier otro municipio de Galicia, con idénticas premisas de objetividad e imparcialidad, sin ningún trato diferenciado. No se ha hecho este año ningún envío masivo de notificaciones, como pueden pensar algunos vecinos. Todos ellos obedecen a nuestra actividad habitual, al devenir de la tramitación propia de los expedientes y con la particularidad de que en este ayuntamiento recibimos muchas denuncias que no son propias de la APLU, sino que en su mayoría son formuladas por el Gobierno central, a través de la Demarcación de Costas en Galicia, y también del Concello y de particulares.
–¿En qué proporción?
–Por poner un ejemplo que sirva para contextualizar, tres de cada cuatro resoluciones que hemos firmado este año para Cangas obedecen a dichas denuncias. A raíz de ellas hacemos nuestras propias investigaciones, que estamos obligados a tramitar y resolver.
–Medio centenar de demoliciones en el último lustro. ¿Es la comarca de O Morrazo más infractora que otras de Galicia o tiene que ver con otros factores, como la extensión de su litoral?
–Desde luego, las zonas costeras tienen un atractivo turístico mayor y una presión urbanística más elevada. En Cangas, además, se da la particularidad de que el Ayuntamiento ha interrelacionado mucho con la APLU en todos estos años. De hecho, nos ha solicitado oficialmente nuestra colaboración para la inspección regular y continuada de ciertas zonas de su territorio con el fin de revisar construcciones y usos y su adecuación legal. Es el caso de algunos establecimientos vinculados a la hostelería, entre otros. Es el propio Ayuntamiento el que demanda esa actividad y nosotros la atendemos. La APLU no es un organismo que se dedica exclusivamente a sancionar, a pesar de esa mala fama que pueda tener.
–Parece que sí la tiene...
–La mayor parte del tiempo lo dedicamos a ayudar, a asesorar y a informar. Por tanto, estamos en todo momento al lado de los Concellos, de promotores y particulares, atendemos sus dudas y solicitudes y evitamos así que se puedan producir consecuencias negativas. Conviene recalcar que nosotros no actuamos de oficio, sino que nos remiten muchas denuncias y respondemos. No es un plato de buen gusto, pero queremos construir una Galicia mejor, acorde con su normativa.
–Este mediodía hay una manifestación en Cangas contra las demoliciones. ¿Qué opciones les quedan a los afectados para evitarlas?
–Hay que ver cada caso, cada expediente es diferenciado y tiene una vida propia. Somos muy rigurosos en las investigaciones, lo que nos lleva muchas veces a que las actuaciones informativas se prolonguen meses. Pedimos muchos informes sectoriales, comenzando por el Concello para conocer los títulos habilitantes de esas construcciones, damos audiencia a los particulares... Porque somos muy conscientes de las consecuencias que pueden tener para el ciudadano.
–¿No cree que a veces la ciudadanía actúa por ignorancia, lo deja en manos de los técnicos y paga las consecuencias? ¿Reciben muchas alegaciones con este argumento?
–Nos ponemos en la piel de los vecinos y en ningún momento la APLU quiere perjudicar a ninguna familia. No es nuestra intención derribar ninguna vivienda, sino, insisto, construir una Galicia mejor, acorde con su normativa. Esto es algo común en el ámbito de la disciplina urbanística y del personal que desarrolla estos trabajos en la Administración Pública. Por supuesto que entendemos el malestar de la gente afectada y que muchas veces las resoluciones que se dictan se deben a cuestiones que incluso le son ajenas o desconocen, a agentes en materia de la edificación o anteriores propietarios y no a los que se ven en la obligación de restaurar la legalidad.
–¿Dispone la APLU de medios humanos y técnicos adecuados y suficientes para salvaguardar la legalidad urbanística o hay infracciones que se escapan o prescriben por carecer de recursos?
–Para nada. Tenemos un personal extraordinario desde el punto de vista técnico y jurídico, muy especializado, trabajador y con mucha experiencia, profesionalidad, dedicación y rigor. Especialmente cuidadosos con los expedientes porque sabemos que pueden afectar a los ciudadanos y por eso ponemos especial empeño y sensibilidad a la hora de cerrar las actuaciones que hacemos.
– ¿Han notado comportamientos diferentes, en lo referente al urbanismo, en el último año y medio, coincidiendo con la pandemia y el mayor protagonismo del rural?
–Tenemos algunos indicios, pero prefiero ser cauto y esperar a que acabe el año y disponer de datos estadísticos para valorarlos y sacar conclusiones.
“Cada vez hay más conciencia social sobre el territorio”
–Cuando la infracción ya se ha cometido y se tramita la restauración de la legalidad, ¿los infractores son más proclives a derribar o a emplear tiempo y dinero en recursos y multas?
–Con el paso de los años se nota más concienciación de la ciudadanía y la reposición de la legalidad de forma voluntaria para que no caiga en manos de la Administración a través de procedimientos de ejecución forzosa, con imposición de multas coercitivas, o bien de ejecución subsidiaria por parte de la Administración. La APLU está para evitar cualquier picaresca y reponer la legalidad cuando es infringida, y tanto a nivel legislativo como de herramientas cartográficas , en Galicia hemos avanzado mucho en materia urbanística en los últimos diez años. Eso se nota en el ámbito de la disciplina urbanística y con ello la idea de impunidad está más superada.
–¿Y en sensibilización social? ¿Estamos avanzando en la protección del patrimonio urbanístico o es pesimista al respecto?
–Soy muy optimista, tanto por el abanico legislativo que se ha aprobado en la última década, con amplio consenso y que ya tiene efecto en el último eslabón del urbanismo, que son el otorgamiento de licencias y la protección del territorio, como por la labor de sensibilización y concienciación. Iniciativas como el Proxecto Terra, en el que colaboran la Xunta y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia promoviendo campañas y exposiciones, animan a la protección del territorio y el cuidado de nuestro patrimonio paisajístico. Ese esfuerzo ya se está notando y se va a notar aún más en el futuro.
