El proceso judicial emprendido por los propietarios de pisos en la urbanización Massó, en el centro de Bueu, aún tiene recorrido por delante. Así lo explican representantes de las comunidades de propietarios, que apuntan que aún hay otra demanda presentada y que se está a la espera de que se fije fecha para el juicio. “Es un procedimiento diferente, con otro despacho de abogados y con otros técnicos”, explican desde la administración de fincas que representa a los afectados.
La Audiencia de Pontevedra se pronunció recientemente sobre la demanda impulsada por las comunidades de propietarios de los bloques 5, 6, 7 y 8, una sentencia que estima en parte las reclamaciones vecinales. Reconoce que sí existe una responsabilidad en los daños constructivos por parte de la constructora, pero no atiende la solicitud de 1,5 millones de euros para su reparación. Su valoración se queda muy lejos y cuantifica esos desperfectos en 256.000 euros. Además recuerda que la promotora O Cuarteirón Massó ya abonó 270.000 euros en compensación por los mismos, por lo que la constructora Dragados S.A. no deberá abonar ninguna cantidad económica.
En paralelo hay otro proceso judicial, que impulsan las comunidades de propietarios de los bloques 1, 2, 3 y 4 y que también está relacionado con esos presuntos daños de ejecución material. “El juicio estaba previsto para el pasado mes de febrero, pero por circunstancias relacionadas con el COVID tuvo que aplazarse”, explican las fuentes consultadas. Esa vista se celebrará en los juzgados de instrucción y primera instancia de Marín, mientras que el de las otras comunidades de propietarios fue en Vigo. “De momento aún no se fijó una nueva fecha para el juicio”, apuntan representantes de los vecinos.
En este sentido hay un hecho diferencial con respecto a la demanda ya resuelta: el despacho de abogados y los peritos contratados por los vecinos son diferentes. Este último puede ser un detalle importante, a la vista del contenido de la sentencia de la Audiencia de Pontevedra, que apenas dio validez y credibilidad al peritaje contratado por los propietarios. “[Tiene] tales carencias, imprecisiones, errores e incoherencias, que nos conduce a descartarlo como medio de prueba y provecho para resolver la controversia”, reza el fallo judicial.
