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El acceso de playas para residentes, carteles en castellano y licencias, quejas ante la Valedora

Colocación de señales de restricción de vehículos no autorizados a las playas el verano pasado.   | // FDV

Colocación de señales de restricción de vehículos no autorizados a las playas el verano pasado. | // FDV

La decisión del Concello de Cangas de restringir en el verano del COVID el acceso rodado a las playas solo a los residentes del municipio y usuarios de alojamientos y de hostelería motivó una de las quejas que el año pasado llegaron a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño y que figuran en la memoria presentada esta semana pasada en el Parlamento, en la que, a nivel general, la pandemia disparó las reclamaciones con sanidad e inclusión social a la cabeza. En la comarca se hace alusión a una queja relacionada con el COVID, en concreto del familiar de una mujer ingresada en la residencia de “mayores” de Aldán, en la que dio positivo a la enfermedad. Señalaba su deterioro y caídas y pedía su traslado. Desde la Valedora se requirió información a la Consellería de Política Social que indicó que el elevado número de caídas de la mujer en la residencia es consecuencia de las circunstancias que ya tenía antes de su estancia. La consellería comunicó que la información de salud fue proporcionada y que tenía un teléfono móvil que empleaba libremente. La Valedora reconoce que a través de esta queja y de otras, se conoció que las familias reclamaban una información más exhaustiva y frecuente sobre el estado de los residentes y que las comunicaciones eran diferentes según cada residencia. En este caso, constaban comunicaciones de diverso tipo. El informe señalaba que recibió información de la evolución del estado de su madre, a pesar de que en la situación que se trataba, toda información parecía poca. En relación con los traslados, dos días después de la admisión de la queja, fue derivada a un hospital, que confirmó el tratamiento y diagnóstico que recibía en el centro.

El kiosco denunciado que se abrió en Nerga el año pasado. | // FDV

En cuanto a la queja por el acceso rodado a las playas solo para residentes en Cangas, que había adoptado el anterior alcalde, Xosé Manuel Pazos, fallecido en enero de este año, como una medida para evitar aglomeraciones por el COVID, la recomendación de la Valedora fue también determinante para que el actual gobierno local -con nueva alcaldesa, Victoria Portas; y edil de Mobilidade, Adrián Pena- dejaran sin efecto esta restricción este verano, que solo mantuvo en Semana Santa.

La recomendación de la valedora apunta a que las medidas municipales de control de acceso a las playas de Cangas “non se baseen en criterios como a residencia no concello ou similares, posto que non resultan acordes coa igualdade de todos no exercicio do dereito de acceso a eses bens de dominio público”. Dice que las playas forman parte del dominio público marítimo-terrestre, por lo que pertenecen a todos, sin exclusiones derivadas de circunstancias tales como la residencia, el empadronamiento o la domiciliación del vehículo. Insiste en que la utilización del dominio público es “libre, pública e gratuita para os usos comúns e acordes coa natureza de aquel”. Entiende que la forma elegida para aplicar restricciones de acceso debido a la emergencia sanitaria “era contraria ao carácter demanial das praias, doque deriva a necesidade de dispoñer de criterios de acceso iguais para todas as persoas, ou no caso de establecer criterios desiguais, que estes veñan motivados polo interés público, como é o caso do acceso para persoas con discapacidade ou para a habilitación do servizos (establecementos hostaleiros, segundas vivendas...)”. Añade que la elección de la residencia como criterio selectivo en beneficio solo de una parte de la ciudadanía “non resultaba adecuada”.

La Valedora señala que el Concello aceptó la recomendación y que para darle efectividad en octubre remitió el asunto a la junta de gobierno local y que el acuerdo ya no estaba en vigor.

En la memoria de la Valedora, el Concello de Bueu figura con una recomendación por quejas por derechos lingüísticos por el no uso del gallego. Fernández Galiño asegura en su balance que las administraciones públicas son cada vez más sensibles con la obligación de promover el uso del gallego como lengua normal de comunicación. Desde esta institución se advirtió a algunos concellos del uso exclusivo del castellano en sus sedes sociales o en las redes de servicios municipales como protección civil, que demostró una clara colaboración en este sentido como sucedió con Cambados, Ferrol o Redondela Y lo mismo señala con respecto al Concello de Bueu con carteles exclusivamente en castellano en la plaza de abastos o en la Policía Local y fueron corregidos.

De Bueu también se alude en la memoria a un recordatorio al Concello para el cese de una terraza de hostelería o, por contra, imposición de multas coercitivas. La Valedora inició el expediente de queja por el escrito de un particular contra la falta de ejecución de los acuerdos y resoluciones por el funcionamiento de esta terraza desde 2019 sin licencia municipal. Se quejaba de que inutilizaba la mitad de unas escaleras y producía problemas de ruidos. El Concello contestó que en junio ordenó la retirada de la terraza o hacerlo el propio Concello de no ejecutarlo el obligado.

Revisión de oficio del permiso para un kiosco en Nerga

En la memoria de la Valedora do Pobo aparecen 49 quejas procedentes de Cangas, 32 de Moaña y 9 de Bueu. Referidas a los concellos figuran 6 contra Cangas, 9 contra Moaña y 4 contra Bueu.En el área de Cultura, Patrimonio y Deportes, figura la queja por la polémica en torno a la instalación de un kiosco de playa en el área de protección del castro da Igrexiña, en Nerga denunciada por un grupo ecologista. La Consellería de Cultura, a raíz de la denuncia particular, abrió expediente de diligencias informativas al Concello por otorgar licencia sin contar con su preceptiva autorización alegando que había autorización de Medio Ambiente. En el informe del arquitecto municipal no consta que el terreno sea suelo no urbanizable de Costas y de patrimonio histórico, dentro del área del yacimiento. La Valedora asegura que el Concello debió de informar del tipo de suelo y que la licencia no tenía que haberse concedido al no constar informe de Cultura, por lo que pide se proceda a la revisión de oficio de esta licencia aplicando con rigor la ley de Patrimonio. El Concello contestó en noviembre que no concedió ninguna licencia, sino que dio cuenta del expediente de autorización de la Dirección Xeral de Urbanismo, por lo que no procedía revisar de oficio algo que no existe. Al cierre del informe, la Valedora dice que sigue pendiente de que el Concello aclare las discrepancias.

Recomenación en Golf Domaio y acceso a licencia

Moaña figura en la memoria con alusión a dos recomendaciones urbanísticas que fueron aceptadas por el Concello. Una para que se procediera al expediente de caducidad de licencias en Residencial Golf Domaio, que se resolvió en los plazos legalmente previstos y otra por una falta de respuesta a una denuncia urbanística en la que la Valedora recomienda al Concello cumplir con la Lei de Transparencia y que el acceso al expediente no esté limitado, salvo por causas de inadmisión previstas en estas leyes de transparencia.

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