Las continuas quejas del PP de Moaña contra el gobierno local bipartito ante el próximo pago de la indemnización de 44.500 euros a la empresa concesionaria de la gestión de la piscina municipal, FCC Aqualia –por la obligación de cierre del servicio decretada durante el estado de alarma de la primavera de 2020– se endurecen con el paso de los días. Ayer el portavoz del PP, José Fervenza, acusó al gobierno local de “trato de favor a la multinacional” y pide a la alcaldesa, Leticia Santos, que lo explique. En concreto desde el PP se quejan de que no se aplique la revisión de las tarifas de la piscina cuando ésta perjudica a la concesionaria al implicar una rebaja en los precios públicos que se cobran a los usuarios. Los populares se refieren al IPC negativo que sufrió España en el año 2020. “La revisión de precios de la piscina tenía que haberse hecho a la baja, pero no se hizo”.
Fervenza contrapone este hecho con la aprobación de la subida de las tarifas el 27 de octubre de 2016, con los votos de BNG y PSOE. “Entonces se acordó subir un 14,24% por el incremento del IPC, aunque se dividió la subida en tres años para evitar un escándalo”.
Insisten, desde el PP, en lo lesivo que es “pagar más de 44.000 euros de indemnización a Aqualia justo en el año que los vecinos tendríamos que tener unas tarifas más bajas y nos las tenemos”. Fervenza recuerda que esta misma semana exigió la documentación económica relativa a la explotación de la piscina, “para conocer todos los pormenores” de la gestión. Desde el último pleno, el principal partido de la oposición moañesa también lamentó algunas de las facturas que asumirá el Concello, como el pago de un coche de alquiler.
Informes
El Gobierno municipal, si bien reconoció en pleno que la indemnización debería asumirla el Gobierno central por acordar el cierre de las actividades, recordó en múltiples ocasiones que las facturas están examinadas por los técnicos de Intervención y que el pago es obligatorio tras el Real Decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez al declarar el primer estado de alarma. La petición inicial de la concesionaria era más elevada todavía.
