La empresa de Luis Barros, propietaria de la planta de hormigón que había en A Portela y que los tribunales obligaron a demoler, recurrió la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra que da por ejecutada la sentencia de orden de demolición, obra que realizó el Concello de Cangas y de la que pasará recibo a la citada empresa. También se deduce de este conflicto judicial que Luis Barros presentó reclamación patrimonial contra el Concello de Cangas por haber concedido la licencia que después anularon los tribunales de justicia.
El citado juzgado sentenció que había concluido la finalización y archivo de la pieza, entre otras razones porque los demandantes y promotores de la pieza de ejecución forzosa (la Asociación de Vecinos de A Portela) lo solicitaron “por haber satisfecho ya totalmente sus pretensiones”. También se indica que la actuación del Concello de Cangas en la ejecución de la demolición tiene carácter subsidiario. En primer lugar le corresponde a Prefabricados Luis Barros S.L. dicha restauración física, sin perjuicio de que si el Concello hubiese incurrido en algún tipo de responsabilidad patrimonial tenia que indemnizarle por el perjuicio que suponga. La tercera de las razones que expone el citado juzgado es porque “la sentencia solo conllevaba, en puridad, la demolición de las obras ejecutadas al amparo de la licencia municipal anulada. Según afirma la arquitecta municipal, el resto de construcción no demolido no se realizó al amparo de dicha licencia. Es esta ejecutoria Prefabricados Luis Barros no ha demostrado lo contrario. La empresa asegura que las fotografías muestran que no se ha demolido la totalidad de las construcciones, ni la solera de hormigón y las balsas de agua permanecen en el mismo estado. “A mayor abundamiento, no se han gestionado los residuos generados por la demolición que continúan en la parcela”.
Todo comienza en febrero de 2015, cuando la junta de gobierno local de Cangas acordó conceder licencia de obras mayores a Prefabricados Luis Barros para la construcción de una edificación para planta de hormigón de 700 metros cuadrados de sótano, otros tantos de planta baja y 135,95 de entresuelo. Se advierte en la licencia que “é de tracto continuo polo que se en caso de sobreveniencia de novos factores obxectivos no previsibles na tramitación desta autorización, o no caso de incumprimento ou non funcionamento das medidas correctoras aplicadas o prevista no proyecto presentado, procederase a revisa-la licencia outorgada e inclusive a súa revogación no caso de que non fora posible restablece-la seguridad ou tranquilidade esixible. Esta revogación no n conllevará para o Concello a carga de indemnización ningunha”.
Luis Barros esgrime ahora errores en la valoración, en cuanto alas obra de demolición. “En el cumplimiento del autor de fecha de 15 de julio de 2019 que dispuso requerir al Concello para que en el plazo de tres meses concluyese las obra necesarias ara la restauración física de los terrenos a su situación original, el Concello de Canas, el 16 de septiembre de 2019, aprobó el proyecto de demolición de planta de fabricación de hormigón fresco y nave almacén ,que otra en los autores, realizado por el arquitecto municipal Alfonso Jaime Lage Pérez, que fue además el técnico que informó favorables las concesiones de la licencia de obra y la de apertura que después fueron anuladas por el juzgado”. Asegura la defensa de Luis Barros que se puede constatar que el técnico municipal describe construcciones que no fueron demolidas por el concello a pesar de constar en s proyecto de demolición. Afirma que hay muros que utilizaba la hormigonera para dividir zonas que no fueron derribados. También asegura que las fotografías muestras el estado el que permanece la construcción que servía de soporte a la cuatro tolvas de 30 metros cúbicos.
En el recurso, Luis Barros informa que presentó ya reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Concello de Cangas, pero que no ha reclamado ninguna cantidad en concepto de obra de restauración de la legalidad urbanística, “y no lo ha hecho porque éstas le fueron ordenadas por este Juzgado al Concello de Cangas. Al haber sido realizas por el Concello las obra de demolición de manera parcial y sin clasificación de los residuos generados, esta parte ha solicitado a una empresa especializada Resigal Gestión Integral de Galicia un presupuesto para la finalización de estos trabajos de demolición y limpieza y gestión de los residuos.
No está por la labor la empresa de Luis Barros de poner fin a este conficto judicial iniciado por una asociación de vecinos y que supuso el derribo de sus instalaciones y que se trasladaran al polígono industrial de Castiñeiras, por considerar la actividad molesta e insalubre. La reclamación patrimonial es una muestra de que el conflicto judicial seguirá aún mucho más tiempo.
