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Cangas negocia ejecutar los planes de fibra óptica que permitan teletrabajar desde zonas “en sombra”

Operarios trabajando en la instalación aérea de fibra óptica en zonas del rural

Operarios trabajando en la instalación aérea de fibra óptica en zonas del rural FdV

En mayo de 2017, la directora de la empresa Telefónica en Galicia, Marta Menéndez, anunciaba a los alcaldes de Cangas, Moaña y Bueu que más de 21.500 hogares y empresas de los tres municipios podrían disfrutar a corto plazo del servicio de fibra óptica hasta el hogar (FTTH). La mayoría, 13.789 “unidades inmobiliarias”, correspondían al municipio cangués y darían cobertura al 66% previsto para este territorio, mientras que en Bueu se podrían instalar más de 4.000, y unas 2.700 en Moaña. Cuatro años después y en una situación de pandemia que ha obligado al confinamiento y promovido el teletrabajo, varias zonas de Cangas –como el barrio de Ximeu, en el entorno urbano, o el área rural de Viñó, en la parroquia de O Hío– siguen sin servicio, y entre los motivos se apuntan las trabas del Concello al “plan de despliegue de fibra óptica 2018-2020”, en concreto para permitir la instalación aérea, más ágil pero también de mayor impacto ambiental que la soterrada. Con las quejas y peticiones vecinales sobre la mesa y tras reunirse con la representante de esa compañía, la alcaldesa, Victoria Portas, anuncia que “revisará” con los técnicos el documento y buscará “fórmulas” para resolver el problema a corto plazo.

En el plan presentado al anterior regidor, Xosé Manuel Pazos, Telefónica propuso que agruparía las tres centrales de cobre que daban servicio a estos ayuntamientos morracenses en una única central de cabecera, en Cangas, desde la que se materializaría el despliegue para ofrecer velocidades de 300 megas, contenidos audiovisuales, videojuegos de última generación o conexión de varios dispositivos a la vez. También permitiría engancharse a los 13.789 viviendas y locales previstos, aunque son luego sus titulares, clientes potenciales, los que deciden darse o no de alta. Entre las alternativas está “R”, con planes propios y con cuyos representantes también tiene previsto reunirse Portas.

Reunión de la alcaldesa y un técnico municipal con la representante de Telefónica. G.Núñez

Desde la presentación de sus propuestas, los instaladores se toparon con problemas administrativos para ejecutar la instalación de fibra óptica e incluso presentaron un recurso ante el Concello para poder cumplir los planes. La regidora dice que hasta hace unos días no conocía a fondo la situación, y que ahora buscará fórmulas para superarla. “Ofrecemos todo el apoyo y colaboración para que esas posibilidades se materialicen”, recalca Victoria Portas, e incide en que la legislación europea obliga a eliminar las redes de cobre y dotar de cobertura de fibra óptica al 100% del territorio antes de 2025. “Negociamos para poder cubrir todas las zonas en sombra del territorio cangués en el horizonte de 2022”, compromete.

Ximeu y Viñó, entre los lugares más afectados

“Disponer de una conexión a internet decente es una necesidad básica y los responsables públicos deben obligar a cubrirla si no lo hacen las empresas por iniciativa propia”, reclama una vecina del barrio de Ximeu, que “entiende” que el capital privado busque la rentabilidad económica sobre otros aspectos, pero también el papel de las instituciones para que no haya “ciudadanos de primera y de segunda” a la hora de poder aprovechar unas nuevas tecnologías “imprescindibles en el mundo de hoy”. No es la primer queja que llega al Concello de los residentes en esta zona de la periferia urbana de Cangas, aunque perteneciente a la parroquia de Coiro. En varias ocasiones lo hicieron otros vecinos, de al menos siete viviendas, que denuncian la falta de acceso a la fibra óptica para conectarse a internet con la velocidad suficiente que requieren sus trabajos y estudios, y lamentan que sus reiterados intentos por lograr un servicio digno de las compañías operadoras no den fruto. Idéntico problema padece el vecindario de Viñó, que también aguarda soluciones tras un año especialmente complicado por una pandemia de COVID-19 que ha disparado las necesidades de conexión a internet para trabajar, estudiar o realizar gestiones ante la Administración o las empresas de servicios. Muchos afectados se sienten “discriminados” y ya han hecho distintas gestiones para intentar mejorar las comunicaciones, aunque hasta ahora sin éxito.

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