Los trabajos de acondicionamiento de la plaza de Síngulis y su entorno dejan al Partido Popular serias dudas sobre su idoneidad y legalidad. Tras una visita a la zona realizada ayer por la mañana, el portavoz de los populares, José Enrique Sotelo, constata la “escasa preocupación por el patrimonio” que demuestran los representantes del gobierno bipartito en ese emblemático entorno, denuncia el “incumplimiento de la ley, una vez más”, desde el Concello y anuncia que trasladarán esas actuaciones a la Dirección Xeral de Patrimonio “para que determine la legalidad de las obras y las posibles responsabilidades de una nueva desfeita en el patrimonio de Cangas”.

“Primero fue Méndez Núñez, luego Fonte Ferreira y ahora le toca a una de las plazas con más historia de nuestro pueblo, la plaza y cruceiro de Síngulis, donde según la tradición se presenciaban los castigos a los condenados por la Inquisición en el siglo XVII”, describe Sotelo, que se pregunta “cuál será el siguiente atentado al patrimonio de este goberniño de Cangas”, y aventura que será “pintar a colores el entorno del cruceiro de O Hío”, porque con los actuales dirigentes municipales “todo se soluciona con pintura”, ironiza.

Desde el grupo municipal del PP exigen “que se cumpla con el Pepri” [Plan Especial de Protección e Reforma Interior] del casco histórico cangués, un documento que “deja bien claro el tipo de materiales que se pueden utilizar en las pavimentaciones”. “¿Cómo es posible que salga una concejala en defensa de un proyecto que utiliza como pavimento en el Casco Vello el hormigón, por muy impreso que sea?”, se pregunta el líder de la oposición, y concluye que solo personas “irresponsables” lo pueden hacer, porque cualquier otra, “con dos dedos de frente y aunque no sea de Cangas no lo permitiría”.

Desde el Partido Popular también exigen que se clarifique cuáles son los servicios que se van a reponer, pues en el proyecto no consta el separativo de pluviales, y sería “muy grave” que, en una obra pública, las aguas de lluvia se mezclen con las fecales. Reiteran la exigencia de que los proyectos, aunque no cumplan con el Pepri, “tengan los pertinentes permisos de Patrimonio”, lo que no les consta en este caso, y concluyen advirtiendo que “la historia merece respeto” y que trasladaran estas actuaciones a las autoridades para que “determinen la legalidad de las obras y las posibles responsabilidades”.