El Concello de Bueu y la delegación de la Xunta de Galicia en Pontevedra ya han establecido los primeros contactos para explorar las posibilidades de ubicar un puesto de la Guardia Civil en la antigua Casa do Mar. Las instalaciones son titularidad de la administración autonómica, que tiene que dar su visto bueno y ceder formalmente el espacio.
El alcalde, Félix Juncal, trasladó una primera petición al delegado autonómico, Luis López, que se comprometió a tratar el asunto con los técnicos y explorar la viabilidad. Si la respuesta por parte de la Xunta de Galicia es positiva el Concello activaría de inmediato el expediente para solicitar la cesión del local. El espacio elegido es el bajo que ocupaba la cafetería de la Casa do Mar, que permanece cerrada desde octubre de 2016 después de que la administración autonómica se negase a renovar la concesión. Desde el gobierno local esperan una contestación “inminente” por parte de la Xunta ya que, si la respuesta es positiva, es necesario acometer una remodelación y acondicionamiento del lugar.
La elección de la antigua cafetería de la Casa do Mar fue consensuada en una reunión celebrada hace una semana entre la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, y el coronel de la Comandancia de Pontevedra, Simón Vezal. Desde el Concello de Bueu, que ya pusieron encima de la mesa esta opción en mayo de 2017, estarían dispuestos a asumir el arreglo del local para facilitar “la recuperación de un servicio importante”, tal como apunta el regidor, Félix Juncal. El regidor recuerda que las competencias en materia de seguridad ciudadana corresponden a la Guardia Civil. “Actualmente es un servicio que se presta a distancia y de forma parcial porque la Policía Local tiene que asumir algunas de esas funciones, lo que afecta al servicio que realmente debería prestar”, argumenta el regidor.
Las antiguas “casas do mar” eran propiedad del Estado a través del Instituto Social de la Marina (ISM). La de Bueu fue cedida a la Xunta de Galicia, que más tarde inició el expediente de devolución. El Consello de la Xunta decidió frenar esa retrocesión en 2012 porque en la planta baja del edificio está la sede de la Asociación Párkinson Provincia de Pontevedra (Apropark) y la base del 061 en la localidad.
