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La Diputación, condenada a indemnizar a los hijos de una mujer muerta en una tajea en San Blas

Funcionarios de Justicia, en la zona donde apareció el cadáver.

Funcionarios de Justicia, en la zona donde apareció el cadáver.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra condena a la Diputación Provincial al pago de 18.000 euros a cada uno de los dos hijos de Manuela Molanes Malvido, que en el año 2016, cuando tenía 84 años de edad, murió en una tajea de la carretera de San Blas, en Cangas, la EP-1001, propiedad del citado órgano provincial. El día 8 de noviembre de 2016, el cuerpo de la anciana fue hallado alrededor de las 19:00 horas por dos vecinas de la parroquia de Coiro, que la encontraron con la cabeza metida en una tajea de la carretera. Su bastón y una bolsa aparecieron muy cerca de donde estaba el cadáver. La sentencia ganada por el bufete de abogados Pena y Graña aún no es firme.

Los dos hijos presentaron ante la Diputación una reclamación patrimonial por los daños y perjuicios sufridos por ellos a causa del fallecimiento de su madre, que entendían que tuvo lugar como consecuencia del deficiente estado de conservación de una tajea de canalización de agua situada en la cuneta de una carretera de titularidad provincial. Los reclamantes manifiestan que en el informe médico forense del levantamiento de cadáver y el informe realizado por el médico forense de la autopsia, se califica la muerte de Manuela Molanes como violenta accidental y como causa inmediata una parada cardiorespiratoria, intermedia una fractura C5 y C6 y un traumatismo cervical tras la caída. Los hermanos señalan que lo sucedido se debió a una omisión por parte de la Diputación de su deber de vigilancia de conservación en buen estado de uso de la carretera de titularidad provincial, pues la tajea en la que terminó introduciéndose su madre, cuya caída en su interior le provocó la muerte, estaba cubierta por completo de maleza y descubierta, lo que impidió que la fallecida pudiera advertir el peligro de lo sucedido.

La Diputación de Pontevedra insistía en que los argumentos de la resolución recurrida “en el entendido de que la prueba practicada en el expediente se deducía una ausencia de antijuridicidad del daño en tanto habría sido la víctima la que, conocedora de se punto, había transitado por una zona no apta para peatones, e incluso se habría desviado de la zona de la calzada para adentrarse en la que estaría a los márgenes de la carretera sin que se pudieran conocer los motivos, provocando con ello, finalmente, el resultado fatal”. También alegaba el letrado de la Diputación que no constaban más caídas en dicho punto.

Los dos forenses en sala fueron contudentes al indicar, sin ninguna duda, que Manuela “estaba viva cuando se rompió el cuello” y no ha sufrido ninguna parada cardiorespiratoria. Sin duda alguna, si Manuela no se hubiera caído no habría fallecido”. La magistrada apunta que se trataba de un lugar que constituía un serio riesgo, no solo para cualquier peatón que pudiera circular por sus inmediaciones, sino para cualquier vehículo que pudiera circular por ea zona, incluso sin estar cubierta en su totalidad por vegetación constituía igualmente un riesgo para cualquier usuario de la vía, ya que la vía no tiene aceras ni arcén.

“No se puede considerar que la víctima infringiera la ley”

La magistrada también señala que es posible deducir que “en mayor o menor medida, la administración, a pesar de tener constancia de la situación de esa tajea, en las condiciones (sin cubrir) y de poder representantes, sin mucho esfuerzo, que en el casos de que no fuera visible, podría constituir un riesgo de consideración para cualquier usuario de la vía, sin embargo no adoptó medias precautorias mínimas, necesarias para mantenerla en buen estado, es decir, para mantenerla limpia y, por ende, suficientemente visible”. También señala que el hecho de que una carretera no disponga de arcén ni de acera, de forma que en realidad no tenga ninguna zona habilitada expresamente para la circulación de peatones, no implica, y menos en el rural gallego, que no se pueda hacer uso de la misma por parte de los peatones que viven en las inmediaciones. Por eso considera que no se puede achacar a la víctima que estuviera infringiendo ninguna norma reglamentaria o legal en materia de tráfico que pudiera exigirle un comportamiento diverso en tal calidad.

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