El Juzgado de Cangas otorga a los okupas de la Casa dos Pobres un plazo de un mes para su desalojo. Esta diligencia, firmada el pasado día 5 de abril, señala que se adopta tras no haber acudido los ejecutados a la citación enviada el pasado 19 de marzo, “por lo que se procede a expedir la citada cédula de requerimiento para el desalojo de la vivienda en el plazo de un mes a través de oficio dirigido a la Policía Local de Cangas para su cumplimentación”.
El gobierno local está a la espera de que se produzca el desalojo con el propósito de retomar también las obras de remodelación del inmueble , que consiste en acondicionar tres viviendas que darán cobijo familias necesitadas. Las obras no pudieron continuar desde que se produjo la ocupación, en julio de 2018 y habían sido presupuestadas en 43.000 euros. Los citados trabajos se incluía en el Plan Concellos de ese año y se perdió la ayuda. Ahora, la alcaldesa Victoria Portas confía en retomar las obras de ampliación, pero tendrá que recurrir a dinero del presupuesto ordinario para 2021. La intención era que el inmueble, de más de un siglo de antigüedad, sirviera de residencia por un tiempo máximo de 6 meses. Está ocupada la planta baja y la planta superior es la que estaba en obras.
Los okupas, una pareja en la que al menos uno es de Cangas, forzó la puerta e incluso modificó el cuadro eléctrico. Una vez dentro se hicieron fuertes y la Policía Local ya no pudo actuar. Fue entonces cuando se inició el proceso judicial que va para tres años.
Primero fue el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Cangas el que dictó sentencia con fecha de 20 de enero de 2020, estimando en su integridad la demanda interpuesta por el Concello de Cangas contra la pareja A.P.S. y C.G.R.P, declarados en rebeldía. Pero la pareja recurrió, mediante abogado de oficio, recurso ante la Audiencia de Pontevedra, que confirmó la sentencia. La Sala considera probado que los “okupas” fueron notificados en tiempo y forma. La Audiencia, que falló en septiembre del pasado año, condenó a los moradores a las costas procesales. El fallo judicial considera que el recurso “solo de meramente dilatorio”.
El gobierno local confía en que por fin pueda hacerse con un inmueble que tiene mucha demanda ahora mismo en Cangas, dadas las situaciones que se producen.
