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El dueño de Motor Cangas se responsabiliza ante la jueza de todas las financiaciones en exclusiva

Juzgados de Cangas, ayer por la mañana. |   // SANTOS ÁLVAREZ

Juzgados de Cangas, ayer por la mañana. | // SANTOS ÁLVAREZ

Los investigados en la causa de Motor Cangas declararon ayer ante la titular del Juzgado Número 1 de Cangas, dos años después de la detención del propietario del concesionario de vehículos José G. por parte de la Guardia Civil. Ante la jueza se presentaron el propio José G. , su mujer, su hija y el vendedor Pablo R.V. Estuvo ausente por causas debidamente justificadas el hijo varón del principal acusado. Todos ellos están acusados de un delito de estafa y falsedad documental, además de revelación de de secretos y alzamiento de bienes. En la causa aparecen 89 afectados.

Todos, excepto el vendedor del concesionario, se acogieron a su derecho de no declarar más que a las preguntas de su abogado. Los investigados llegaron al Juzgado de Cangas poco antes de las 12.00 horas y las declaraciones se prolongaron hasta las 15.30 horas, debido principalmente a las preguntas que contestó el vendedor Pablo R.V., que insistió en que era su jefe José G. quien se encargaba personalmente de las financiaciones y que si era cierto que había estado en la firma de la compra de algún coche se debía a que lo hacía en calidad de acompañante, ya que la operación se realizaba con gente de la financiera de la Volkswagen que venía expresamente de Vigo. También recordó que él llevaba varios meses sin cobrar y que había sido despedido del negocio.

Por su parte, el principal investigado en esta operación que se denominó “Ñagra” , José G., declaró que él era el único responsable de las financiaciones, que era una cuestión que llevaba en exclusiva y que por lo tanto para lo bueno y para lo malo él era quien debía responder. La hija manifestó que se dedicaba a realizar tareas de posventa y que desconocía las operaciones con las financieras, mientras que la esposa de José G. indicó que su única relación con la causa es que era socia del concesionario. La defensa trata de demostrar que no hubo lucro, que era esta operaciones supuestamente fraudulentas se realizaban para tapar el agujero económico del negocio. Donde se dan más casos no son en los vehículos nuevos, sino en los de segunda mano. El acuerdo entre las partes se antoja complicado porque las financieras reclaman la responsabilidad civil, que podía superar los 600.000 euros, de hecho, el presunto fraude, según los datos que en su día facilitó la propia Guardia Civil, alcanzó los 640.000 euros.

En su momento, cuando en 2019 declararon los afectados, las preguntas de los letrados de la acusación estaban encaminadas a saber con quién o quiénes había negociado sus clientes la compra de sus vehículos, de quién o quiénes eran las firmas que figuraba en los contratos firmados con las financieras y qué perjuicios económicos supuso para los afectados la situación en la que cayeron.

El presunto fraude alcanza algo más de los 640.000 euros y consistía en una doble financiación del vehículos que matriculaba y supuestamente vendía Motor Cangas. Según la Guardia Civil, los investigados fingían la compra de otros vehículos, cometiendo así, presuntos continuados de estafa y falsedad documental. La Guardia Civil inició las investigaciones a principios del año 2018, tras la denuncia de varios perjudicados en el Juzgado Número 1 de Cangas.

Según la investigación realizada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, los clientes acudían a comprar un vehículo al concesionario y, al gestionar su adquisición, el administrador copiaba la documentación del comprador para después utilizarla en otras operaciones de financiación sobre el mismo vehículo en otras financieras diferentes.

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