El Concello de Bueu y la propiedad de la antigua vivienda de Matilde Bares, que en la actualidad pertenece a los herederos del doctor Ignacio Lis, llevan días manteniendo una serie de contactos discretos para valorar las posibles alternativas para intentar conservar un inmueble cargado de simbolismo e historia. Esas conversaciones continuarán en los próximos días con una visita a la finca y al interior del inmueble para comprobar cuáles son las posibilidades técnicas viables y mientras tanto se ha acordado dejar en suspenso el derribo. Lo único que está completamente descartado es la venta de la edificación. “Es imposible”, reconoce el alcalde, Félix Juncal.
La propiedad trasladó ayer algo que fuentes municipales conocían desde hace tiempo. “Debido a una serie de cuestiones de carácter estrictamente personal la vivienda no está en venta”, admite el regidor. Es más, desde que hace un año surgieron las primeras informaciones sobre su precario estado de conservación y la posibilidad de un derribo varias personas se pusieron en contacto con los propietarios para manifestarles su interés en adquirir el inmueble puesto que se trata de un solar urbano edificable, en pleno centro del municipio y con frente al tramo superior de la calle peatonal Eduardo Vincenti. En todos los casos la respuesta fue que la propiedad no está a la venta debido a razones personales, según explicaron ayer a los representantes y técnicos municipales.
Los propietarios recibieron varias llamadas en los últimos meses de personas interesadas en comprar, pero el inmueble no está en venta debido a razones de estricto índole personal
Ayer hubo una primera reunión presencial en el Concello, que concluyó con una visita al entorno de la vivienda. Un acercamiento que se produce a petición del propio consistorio, que quiere mostrarse “sensible ante una petición a nivel local” que aboga por la conservación de la que fue casa de la reconocida maestra bueuesa, una edificación que data de 1905. Las partes quedaron en volver a reunirse en los próximos días, una vez que se realicen una serie de trabajos de limpieza en la finca encargados por la propiedad. A continuación será el momento de acceder al interior de la vivienda junto al arquitecto y el aparejador municipal para realizar una nueva comprobación del interior y valorar si es posible acometer algún tipo de obra de conservación y mantenimiento. “Hay que destacar que hay una buena disposición por parte de la propiedad, siempre con todas las garantías legales”, apunta Juncal.
Una inciativa vecinal pretende recoger más de 1.600 firmas para forzar un debate en el pleno para tratar la posible compra de la casa
Desde la Alcaldía no quieren avanzar cómo se actuará en caso de que sea factible esa intervención técnica. “Aún no estamos en esa fase. Primero hay que ver cómo está la estructura y una decisión con un alcance tan importante no será de una sola persona o del alcalde, sino del conjunto del gobierno y de las partes que lo integran”, subraya Félix Juncal. El ejecutivo local bueués es un bipartito formado por BNG, con ocho ediles, y ACB, con un concejal.
Esta situación en la práctica implica que de momento el derribo del inmueble, cuyo proyecto debe ser autorizado por el Concello, queda en suspenso. El consistorio legalmente tendría muy difícil evitar una posible demolición puesto que la edificación no cuenta con ningún tipo de protección patrimonial. La fachada del edificio lleva meses vallada para evitar el tránsito de personas por la zona para evitar posibles daños personales en caso de que se registren nuevos desprendimientos.
Desde que se conoció hace dos semanas que se había presentado el proyecto técnico para el derribo de la vivienda, que presenta un estado ruinoso, hubo diversos movimientos para instar al Concello de Bueu a negociar su adquisición o conservación. Los grupos municipales del PP y el PSOE presentaron un escrito conjunto en el que reclaman a la Alcaldía que “reconsidere” la negativa manifestada hace ahora un año. Al mismo tiempo se ha puesto en marcha una recogida de firmas, con el objetivo de llegar a las 1.600 y forzar el debate en el pleno de una iniciativa vecinal que también pide su conservación.
