Rosa María es una mujer de Bueu que hace unos días subió un mensaje a su Facebook que decía “quiero justicia, no un minuto de silencio en la plaza del ayuntamiento”. Un toque de atención que despertó el interés de numerosos vecinos, que se hicieron eco del mismo y se solidarizaron con ella. Detrás de esta situación, según la mujer, subyacen las presuntas amenazas y graves insultos que reciben los inquilinos del inmueble por parte de otro vecino que reside en el mismo edificio.

La mujer asegura que desde hace tiempo esa actitud se agravó más hacia ella y requirió la presencia en varias ocasiones de la Policía Local y la Guardia Civil. Entre 2019 y 2020 hubo ya tres juicios y hay otros dos pendientes de fecha. “Son denuncias por hechos ocurridos en abril y junio del año pasado, pero son muchas más. Hace unas semanas amenazó con plantar fuego en la puerta de mi casa y hacer daño a mi familia, entre otras cosas”, asegura la mujer, que vive sola. “Podría irme a vivir con mis hijos, pero no quiero dejar la casa por la que tanto he luchado”, manifiesta.

Los problemas de convivencia en el edificio se arrastran desde hace al menos una década, con presuntas amenazas hacia la mayoría de los residentes, tal como se recoge en diversas diligencias policiales. En abril de 2012 ya hubo una primera sentencia condenatoria desde el Juzgado de Paz de Bueu por una falta de amenazas, con una multa de 45 euros, a razón de 3 euros por día durante 15 días.

Según las denuncias y diligencias, las supuestas amenazas las profiere a gritos desde el interior de su vivienda con el fin de que se escuchen en todo el edificio, de cuatro plantas. “Otras veces pone la música y la televisión a todo volumen y yo no puedo hacer ningún ruido, como pasar el aspirador”, manifiesta.

Esta vecina afirma que la situación hacia ella empeoró en los últimos años, a raíz de una denuncia interpuesta por la comunidad de propietarios debido a una serie de impagos. “La tuve que firmar yo porque en aquel momento era la presidenta y desde entonces la tiene tomada aún más conmigo”, relata. En mayo de 2019 el juzgado de Marín volvió a condenar al denunciado por un delito leve de vejaciones injustas, con una pena de 720 euros (8 euros diarios durante tres meses). En julio de ese mismo año había previsto otro juicio, en el que fue el hombre el que denunció a Rosa María por denuncias leves, una acción que según las diligencias de la Guardia Civil tenía la apariencia de una supuesta “denuncia falsa”. Finalmente la vista no se llegó a celebrar porque ninguna de las dos partes compareció. El tercer juicio fue en diciembre de 2020 por supuestas amenazas proferidas en febrero de 2020. En esta ocasión desde el juzgado se dictó la absolución porque las pruebas practicadas no eran suficientes.

La denunciante reclama una actuación judicial contundente para poder recuperar la convivencia en el edificio y para los juicios que están pendientes de celebrarse contará con el apoyo y testimonio de otros inquilinos, que estarían dispuestos a testificar de nuevo en el juzgado para corroborar su versión.