El gobierno local de Bueu ultima una de las propuestas que llevará al pleno del mes de marzo, que consiste en una modificación de la ordenanza municipal de ocupación de la vía pública. El objetivo es hacer un cambio en la misma para eximir a los negocios de la hostelería del pago de la tasa de terrazas e intentar ayudar a uno de los sectores más perjudicados por la crisis provocada por el COVID y las restricciones impuestas para reducir la movilidad. No es la única alternativa que se maneja desde la Alcaldía y la Concellería de Facenda, que estudian la viabilidad de destinar el 1% de los ingresos de los presupuestos municipales a ayudas contra el COVID.

La supresión de las tasas para las terrazas es la propuesta que está más avanzada y en los próximos días se espera contar con los informes técnicos para llevar el asunto a la sesión plenaria del mes de marzo. El vicealcalde y edil de Facenda, Julio Villanueva, explica que este concepto reporta al Concello alrededor de 10.000 euros anuales, en función del número de solicitudes que se presentan. “No nos sobra el dinero y no estamos para prescindir de nada, pero es un compromiso con el sector para ayudarles en un momento muy complicado”, argumenta. La propuesta que se someterá a aprobación se refiere al año 2021, pero el alcalde, Félix Juncal, no descarta que se pueda hacer extensiva también a 2022. “La situación actual es muy similar a la del año pasado, con el agravante de que es el segundo”, subraya.

Terrazas este verano en el barrio de Banda do Río. Gonzalo Núñez

Desde el ejecutivo local incluyen esta acción dentro de un paquete de medidas para ayudar al conjunto del comercio local a superar las consecuencias del COVID. En esa línea se incluye una campaña de promoción para apoyar el consumo en el tejido comercial del municipio a través de bonos, como hizo hace unos meses Cangas.

Una de las posibles alternativas para ello sería destinar el 1% del presupuesto municipal a ayudas contra el COVID, algo que también hará la Diputación. “Lo estamos valorando y para eso hace falta que la Xunta cambie la normativa porque los concellos no tenemos competencia en materia de comercio”, apunta Julio Villanueva. Con un presupuesto anual que ronda los 6 millones de euros, la cuantía que el ayuntamiento podría destinar a este asunto oscilaría entre los 50.000 y los 60.000 euros.

Ampliar plazos para el pago de impuestos

El plan de medidas en el que se trabaja con los técnicos municipales incluirá otras decisiones ya aplicadas durante el año 2020, como ampliar los plazos para que los vecinos y comerciantes puedan abonar impuestos y tasas. “Somos conscientes de las dificultades, pero hay un marco legal que nosotros también tenemos que cumplir”, explican desde el gobierno local. Entre los sectores a los que también se quiere ayudar están los comerciantes ambulantes. Está por ver si se incluirán dentro de la campaña de apoyo al comercio local en la que se trabaja o si por contra se intenta articular algún tipo de medida diferente. El año pasado no se les pasó al cobró los recibos correspondientes al tiempo que no pudieron trabajar.