Las recientes sentencias del Tribunal Supremo que obligan a los bancos a asumir íntegramente los gastos hipotecarios derivados de los trámites de gestoría, notaría y tasación han reactivado el proceso para que el Concello de Bueu presente una demanda colectiva a través su Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC). El servicio municipal tiene registradas más de 300 reclamaciones de vecinos de la localidad y de municipios del entorno que quieren instar a sus respectivas entidades bancarias la devolución de los gastos hipotecarios. A partir de la próxima semana el personal municipal comenzará a revisar cada uno de esos expedientes para comprobar que todos tienen la documentación necesaria y, en el caso de que en alguno falte algo, se pondrán en contacto con los interesados.
Desde la OMIC lo primero que hacen es un llamamiento a la tranquilidad de los afectados puesto que en los últimos días hubo numerosas consultas en las que se expresaba el temor de que el plazo para reclamar hubiese expirado o estuviese a punto de hacerlo. Desde el Concello de Bueu se pusieron en contacto con el despacho de abogados que habitualmente asesora a la institución municipal, que confirmó que la posibilidad de recurrir está abierta hasta el año 2025. La responsable de la oficina de consumo, Manuela Millán, explica que durante los últimos meses la tramitación de los expedientes estuvo condicionada por dos circunstancias. La primera y más evidente la pandemia sanitaria del COVID-19. “El asunto nunca ha estado parado, pero no podíamos reunir a los afectados debido a las restricciones de movilidad y de reunión”, explica.
El segundo de esos factores está relacionado con los pronunciamientos que aún tenía pendientes el Tribunal Supremo (TS). El primero fue en el mes de octubre, en el que se corrigió la interpretación inicial sobre los gastos de gestoría, que se repartían a medias entre el cliente y el banco. En esa sentencia el alto tribunal falló que debían ser asumidos íntegramente por la entidad bancaria. Y el segundo se produjo hace apenas unos días, cuando dictaminó que el coste de la tasación del inmueble también debe ser asumido por el banco. “Queríamos esperar a contar con estas sentencias y no recurrir antes de tiempo porque en caso de perder luego no se podría volver a reclamar”, explican desde la OMIC de Bueu.
Trabajo interno
Ahora comenzará un arduo trabajo interno, que consistirá en actualizar cada uno de los expedientes de reclamación presentados en las oficinas. En este sentido piden paciencia a los afectados y que no acudan a las dependencias municipales. “Vamos a revisar toda la documentación y actualizar los datos. En caso de que falte algo nos pondremos en contacto con las personas afectadas”, explica Manuela Millán. En este sentido cree que lo más probable es que en muchos de esos expedientes falten los gastos de tasación, que inicialmente no estaban incluidos, y a su debido momento se llamará a los interesados.
La presentación de una demanda colectiva a través del Concello ofrece una gran ventaja para los integrantes, que tendrán la posibilidad de recuperar su dinero sin un coste adicional ya que los honorarios de la representación procesal los asumirá el propio ayuntamiento. Esto es importante para aquellas personas que tengan derecho a cantidades menos significativas porque en otras circunstancias podrían descartar recurrir debido a los costes judiciales. En todo caso, desde la OMIC avanzan que antes de la presentación de la demanda se convocará a los afectados porque, según la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), deben firmar una autorización individual para trasladar sus datos al despacho de abogados que tramitará la demanda.
Las recientes sentencias han dejado la puerta abierta a que los afectados puedan reclamar todos los gastos derivados de la hipoteca, con la salvedad del Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados, que es uno de los mayores desembolsos. La cuantía a devolver está directamente relacionada con el importe del préstamo hipotecario, aunque se estima que de media los afectados pueden recuperar alrededor de 1.000 euros.
Desde el Concello de Bueu están dispuestos a impulsar la demanda colectiva y desde la Alcaldía ponen en valor el trabajo realizado desde la OMIC en los últimos años con asuntos como las preferentes y subordinadas. “Se hizo un gran esfuerzo por parte del personal municipal y de los asesores legales. En la medida de nuestras posibilidades estaremos al lado de la ciudadanía para proteger sus derechos. En momentos así el Concello estuvo, está y estará al lado de los vecinos”, concluye el regidor local, Félix Juncal.
