El concejal de Urbanismo de Cangas, Eugenio González, ha mostrado su sorpresa por la providencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra instando al Concello a ejecutar el derribo del complejo deportivo Sport Club Morrazo, vinculado al exconcejal Bernardino Faro Lagoa, o certificar los pasos que se han dado para su legalización. El edil socialista asegura que la propiedad presentó hace varios meses un proyecto de legalización que contempla una demolición parcial para darle acceso desde la Avenida de Ourense, que el Concello de Cangas le otorgó licencia por acuerdo de la Xunta de Goberno Local del pasado 3 de agosto y que los promotores ya han dado pasos para ejecutarlo y están en plazo para ello.
Según el responsable municipal de Urbanismo y portavoz del grupo socialista, los trámites avanzan según lo previsto, por lo que no entiende que desde el Juzgado se repita la advertencia de imponer multas coercitivas al alcalde por un supuesto incumplimiento por parte del Concello que, a su parecer, no existe. Muestra el informe-propuesta de resolución aprobada por el gobierno local, hace ya cinco meses, que dice textualmente: “Conceder a Sport Club Morrazo SLL licencia para legalización de obras de construcción y demolición parcial del edificio destinado a uso deportivo sito en la Avenida de Ourense 21 [...] de conformidad con el proyecto elaborado por el arquitecto Ramón Reboreda Martínez visado el 02.01.2020, de manera que con dicha demolición se permita el acceso libre a la edificación destinada a actividad deportiva. La demolición autorizada deberá estar totalmente ejecutada en el plazo máximo de nueve meses a contar desde la notificación de la concesión de la licencia”.
También recoge el documento municipal que la licencia de legalización de las obras de construcción del edificio “no tendrá eficacia jurídica, así como tampoco podrá iniciarse la actividad deportiva en el edificio, si por parte de Sport Club Morrazo no se lleva a cabo la demolición parcial de la edificación de la Avenida de Ourense autorizada con este licencia, de tal modo que con la citada demolición se permita el acceso libre desde la Avenida de Ourense a la edificación objeto de legalización, de acuerdo con la sentencia dictada en el Procedimiento Ordinario 124/2004 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra, no pudiendo hasta ese momento, como consecuencia de esta condición, considerarse legalizadas las obras por la ausencia de acceso libre de edificación desde la Avenida de Ourense”.
González cree que la providencia dictada esta semana es extemporánea, porque tiene el mismo contenido que la de hace un año y en este tiempo el Concello ha dado pasos para solucionar el problema, al igual que los propietarios. Considera que este asunto debe resolverse, con la ley en la mano, por los cauces del diálogo, y recalca que el gobierno local está cumpliendo sus obligaciones en esta materia. La providencia aludida está fechada el pasado día 13, a raíz del escrito presentado por los representantes de la comunidad de propietarios del edificio de la calle Longán, 9: “Visto su contenido, se reitera nuevamente al Concello de Cangas el requerimiento [...]. con expreso apercibimiento a cargo de la Alcaldía de la imposición a su cargo de una multa coercitiva de 1.000 euros, reiterable periódicamente por igual plazo y cuantía en caso de persistir el incumplimiento”.
