El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Eugenio González (PSOE), tiene la intención de llevar el lunes a la junta de gobierno para su aprobación el proyecto de legalización del cementerio de Darbo y la licencia de obra del edificio que se pretende construir en Vilariño y que supuso que los miembros del anterior gobierno fueran denunciados por un delito de prevaricación, aunque el Juzgado Número 1 de Cangas archivó la causa, por entender que era algo que se debería dirimir en el contencioso.
Eugenio González adelanta que no tiene intención alguna de no sacar adelante licencias que cuentan con los informes favorables de los técnicos municipales, que son lo que de verdad valen, no los que hacen técnicos ajenos al Concello de Cangas. La polémica con la licencia de la construcción del edificio de Vilariño sale a la luz en junio de 2018. Después de ser llevada varias veces a junta de gobierno y no resolver sobre la mencionada licencia, la promotora manifestó en su denuncia que si bien es cierto que todavía no se había rechazado la concesión de la licencia, el daño que se estaba causando era mayor cuando “tan groseramente se incumple el ordenamiento jurídico”. La promotora hacía mención a que se incumplió el plazo de tres meses para resolver sobre la solicitud, violando el principio de confianza legítima de la Administración y discriminando a la promotora respecto a otros ciudadanos que obtuvieron licencia en terrenos bajo la misma regulación que el objeto del procedimiento de licencia del que dimana la querella. Habían transcurridos más de dos años desde el inicio del expediente.
La última ocasión que fue paralizada la licencia fue cuando Asamblea Pola Unidade (ASpUN) formaba parte del anterior gobierno. Los representantes de esta formación (hoy Avante!) hasta que hubiera el informe de antigüedad sobre el polémico hórreo que hay en la parcela fuese realizado por otro arquitecto que no fuese uno que representaba a la empresa promotora. Eugenio González afirma que ahora mismo la petición de licencia cuenta con todos los informes favorables de los técnicos municipales. Aunque en el mandato pasado ya ocurría. Contaba con las autorizaciones del Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, con la autorización de Aguas de Galicia y el informe favorable de los técnicos municipales. El informe favorable del arquitecto municipal que acreditaba la antigüedad del hórreo estaba basado en un estudio de terceros, aunque ASpUN consideraba que no debían de estar ligados a la promotora. En ese momento, el Concello solicitó un nuevo informe, en esta ocasión al Servicio Provincial de Costas.
La Asociación de Vecinos “Pedra Amarrada” asegura que las Normas Subsidiarias de Planeamiento dicen una cosa diferente de la que mantiene el arquitecto municipal. “Siendo conocedores de las consecuencias que supondría la construcción de un edificio en este entorno tan sensible, único espacio abierto que queda en la calle David Cal; tratándose además de un espacio de gran importancia paisajística y patrimonial, y siendo hoy en día lugar de encuentro singular de los vecinos, lugar de disfrute colectivo, por lo que solicitamos una revisión del planeaminento vigente en ese ámbito”. Eugenio González presentará la licencia a la junta de gobierno sin haber consensuado con sus socios de gobierno, ACE, que sí estaban en el anterior mandato.
Sanidade por fin dio el visto bueno a la propuesta del camposanto
En febrero del pasado año, el Concello de Cangas estaba pendiente de un informe de la Consellería de Sanidade para la legalización del cementerio de Darbo. El por aquel entonces concejal de Obras, el socialista Eugenio González, había obtenido informe favorable de Patrimonio. La empresa Francisco Pousada Barreiro, en representación de la Cantycons S.L. solicitó en abril de 2019 tramitar la documentación para obtener el premio de Patrimonio y Sanidade para la regularización del camposanto de Darbo. El denominado cementerio Darbo II se asienta sobre una superficie de 1.465 metros cuadrados y dispone de 1.808 niños, 60 más de los que figuraban en el proyecto original y una edificación auxiliar de 120 metros. El propietario de la empresa se ampara en la nueva normativa de Sanidad Mortuoria que, a través del procedimientos extraordinarios alivia los requisitos exigidos hasta ahora y abre la vía para su legalización definitiva. La propuesta consiste en que el camposanto privado se ceda al municipio por los teóricos propietarios y después el Concello de Cangas los otorgará en régimen de concesión por 99 años prorrogables. Con el último informe de Sanidade ya favorable, el edil de Obras presenta a la junta de gobierno la propuesta para que sea aprobada y sacarse de encima un problema que lleva años y afecta directamente a los vecinos. No es el único problema que tiene el Concello de Cangas con los cementerios. También lo tiene con el de Darbo. A principios del años pasado, el gobierno local de Cangas negociaba la compra del anexo de este camposanto para la legalización de los niños y abrir un nuevo acceso. Se trata de una obra pública que se levantó en una parcela privada, donde al Concello solo le quedan dos soluciones: o demoler o negociar.
