La presidenta de la Asociación de Caridad Santiago Apóstol de Cangas, que gestiona el comedor social de la localidad, Ángela Rodas, confirma que tras meses de gestiones han logrado comprar el local que acoge este servicio al fondo de inversiones que se había hecho con su propiedad tras ejecutarse un embargo. Rodas muestra su satisfacción porque la compra del bajo, en el número 3 de la calle Lisboa, garantiza la continuidad de este comedor social que ofrece menús todos los días, de lunes a viernes, a un centenar de personas en situación de exclusión social, además de que entrega bolsas de alimentos a unas 80 familias, todos los jueves. A esto hay que añadir el reparto de ropa a las personas necesitadas y dinero para hacer frente a gastos necesarios como de desplazamiento al médico a Vigo o para afrontar las facturas de agua, luz o gas en los hogares.

La compra del bajo se ha realizado por importe de 111.000 euros. Rodas asegura que ya se escrituró y que la adquisición se pudo llevar a cabo gracias a las ayudas económicas de las administraciones y de donaciones de particulares. Por un lado, asegura que la Xunta se comprometió a ayudar con el 80% del valor del inmueble –84.500 euros– y el Concello ha entregado recientemente 13.000 euros, que se justificaron para hacer frente al incremento de usuarios por la pandemia de Covid-19. Reconoce que para poder materializar la compra, y mientras no recibe el dinero de la Xunta, han solicitado un préstamo que se liquidará una vez que se reciban todas las ayudas.

Rodas asegura que el vicepresidente de la Asociación de Caridad, José Luis Miguel Fernández, realizó un trabajo de muchos meses hasta llegar a un acuerdo de precio razonable de compra con el fondo. El local se encuentra ubicado en la calle Lisboa número 3, en donde el comedor se había instalado hace 10 años gracias a la colaboración del antiguo dueño del local que se lo había alquilado por un precio simbólico de un euro.

La noticia de que un fondo de inversiones con sede en Luxemburgo y mayoría de capital chino se había hecho con el inmueble, que se conoció en enero de 2019, hizo saltar las alarmas en el colectivo que lo gestiona y también en el Concello de Cangas, cuya Corporación aprobó en Pleno la propuesta de declarar “de interés social” la actividad desarrollada por el comedor social con el fin de dificultar cualquier operación que no garantizara la pervivencia del servicio. La moción plenaria pretendía simbolizar el respaldo institucional al trabajo altruista del colectivo que gestiona el comedor, pero también a que pudiera seguir realizándolo en las mismas instalaciones y disuadir a sus propietarios de venderlo o destinarlo a otros fines. También se mantuvieron reuniones para valorar la situación y las posibilidades de encauzar la situación a través de una cesión o un alquiler de bajo coste que lo hiciera viable, aunque nunca se descartó la posibilidad de comprarlo como fórmula idónea para seguir prestando el servicio. El principal obstáculo era lograr el dinero necesario, que finalmente se ha conseguido con ayudas institucionales y particulares.

Las instalaciones están operativas desde hace casi una década gracias a la solidaridad de su anterior dueño, un constructor cangués que lo alquiló a Santiago Apóstol por un precio simbólico, un euro al año, y con opción de compra. Sin embargo, un revés provocó el embargo de esta y otras propiedades del empresario que fueron subastadas por un Juzgado de Madrid. El Concello Pleno reconoció unánimemente “una labor de más de una década en favor de la gente más necesitada [...] y que atiende a más de cien familias de Cangas, Bueu y Moaña”.