Casi ocho meses después de que la empresa de Luis Barros concluyera los trabajos de demolición de la hormigonera de A Portela, en Cangas,ordenados por un juez, el propietario clama ahora contra su situación y pide al Concello una indemnización de un millón trescientos mil euros por conceder una licencia de obra y de actividad que después los tribunales de justicia tumbaron. Asegura que la concesión de las licencias supusieron un desembolso económico para construir la planta de hormigón. Luis Barros ya presentó en el Concello la solicitud de indemnización y asegura que si no contesta recurrirá a los tribunales. Ya hizo saber al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) sus intenciones, además de hacerle ver que él fue el único perjudicado, cuando en la zona “industrial” de A Portela, que aún es Suelo Rústico, siguen instalándose empresas. El empresario afirma que la única respuesta que recibió siempre de los distintos gobiernos municipales es que su empresa había sido denunciada por ejercer una actividad nociva e insalubre, que las otras empresas que estaban en su misma situación legal no fueron nunca demandadas, ni por vecinos ni por otros empresarios, de lo contrario el fin sería parecido al de su planta, que ahora está instalada en el polígono de Castiñeiras, en el municipio de Bueu.
Luis Barros afirma que no tiene la inteción de denunciar a las empresas que hay en esa zona “industrial” que no quiere hacer más daño, pero se queja de que fuera él quien tuviera que pagar el pato. En su momento, en el año 2007, los trabajadores de la planta de hormigón síque denunciaron públicamente la situación de las demás empresas radicadas en la zona. A raíz de destaparse esta situación de irregularidad de A Portela, los empresarios y el Concello de Cangas se movilizaron para regularizar la zona y construir un polígono industrial, para lo que fue preciso que la Xunta de Galicia diera el visto bueno a la modificación puntural de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, que permiten que el Suelo Rústico se convierta en industrial. Es una zona situada en A Madalena, a ambos lados de la carretera PO-551, donde de forma espontánea se construyeron empresas amparándose en la transitoria cuarta de la Ley del Suelo de aquella época. Luis Barros también reclama al Concello el dinero de la demolición y exige que limpie la finca.
Mientras, desde la Asociación de Empresarios de A Portela se indica que en estos momentos está muy avanzado el parcelario, que los problemas que hubo con Catastro para la identificación de sus fincas (más de 40 propietarios y una superficie que supera los 100.000 metros cuadrados) y pasar ya a realizar el proyecto de urbanización. Teóricamente, este plan ya tenía que estar listo en marzo, fecha enla que caducaba el tiempo concedido por la Xunta de Galicia, pero que los plazos se interrumpieron con motivo del confinamiento. El trabajo del denominado PERI de A Portela es lento. Las reuniones entre empresarios y gobierno local se suceden y a los últimos les gustaría que el proceso fuese más rápido. A algunos empresarios les urge para ampliar sus instalaciones. Pero Luis Barros denuncia que el Concello sigue permitiendo instalar empresas en la zona, aunque sean en naves que ya existían, no de nueva construcción.
El día 11 de febrero, el juzgado de los Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra remitió una providencia ordenando al Concello de Cangas a culminar la ejecución de la sentencia de demolición de todas las obra del proyecto técnico autorizado por la licencia anulada.
El Concello de Cangas, cuando era concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, intentó la inejecutabilidad de la sentencia. Pero no prosperó. Se quería paralizar la actividad, pero sin demolición.
El gobierno dio por finalizadas las obras de demolición el pasado 28 de marzo, en pleno confinamiento por culpa de la pandemia y con la actividad obrera aún sin hibernar. Los trabajos empezaron oficialmente el día 12 de marzo y fueron realizados por una empresa. Con anterioridad, Luis Barros ya había trasladado su planta al polígono de Castiñeiras. Durante los trabajos de derribo, el Concello de Cangas denunció sabotaje en las máquinas encargadas de llevar a cabo la demolición.
