Suscríbete

Faro de Vigo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

UGT lleva al juzgado los presupuestos de Bueu por su política en materia de personal

El sindicato, que ya presentó alegaciones en la exposición pública, presenta un recurso contencioso-administrativo | El tribunal lo admite a trámite y pide el expediente al Concello

Una mesa de negociación entre el gobierno de Bueu y los sindicatos por la RPT. | // GONZALO NÚÑEZ

La tramitación de los presupuestos municipales de Bueu del año 2020 no acabó el pasado 11 de agosto en el pleno celebrado en el Centro Social do Mar. El último episodio aún está por escribir y se hará en sede judicial. El sindicato UGT, a través de su Federación de Empleados Públicos, ha presentado un recurso contencioso administrativo que ha sido admitido a trámite y que ya se ha comunicado al Concello de Bueu. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra concedió al ayuntamiento un plazo de 20 días para remitir a la sede judicial el expediente completo y otros nueve días para personarse en el procedimiento.

El sindicato argumenta en el escrito presentado ante el juzgado que su reclamación se centra en materia estrictamente relacionada con el personal municipal, por lo que cuenta con legitimidad para su interposición. UGT subraya que cuenta con representación sindical entre la plantilla del consistorio, participó en vía administrativa en el proceso de aprobación de las cuentas y durante ese trámite manifestó sus “disconformidades” en materia de personal, por lo que tiene “interés legítimo” en el proceso.

La central sindical presentó una de las cuatro alegaciones tramitadas durante el periodo de exposición pública de las cuentas. Las otras eran del PP, PSOE y de un funcionario municipal que es delegado de la propia UGT, que registró un escrito idéntico al del sindicato. En esas alegaciones se exigía que se incluyese una partida para abonar a la plantilla el 90% de la paga extra suprimida en el año 2012. En la nómina de octubre de 2017 se hizo efectivo un abono del 10% al amparo de una disposición adicional de la Ley 3/2017 y reclaman que se haga efectivo el pago del 90% restante, “tal como se realizó en el resto de concellos y administraciones”.

El escrito denunciaba que las cuentas aprobadas continúan dejando “patente” una diferencia retributiva entre puestos iguales y entienden que la creación de una nueva plaza de Técnico en Recursos Humanos es una prueba de que a través de los presupuestos se están realizando “creaciones y amortizaciones” de puestos de trabajo.

Las alegaciones presentadas entonces hacían referencia a un asunto que ya fue expuesto en ocasiones anteriores. “Llevamos once años anunciando los errores del cuadro, catálogo y del anexo de personal, pues incumple la situación al no ajustarse a la realidad del Concello y por tanto no es “’cohonesta’ con la realidad efectiva”, afirmaban desde el sindicato UGT.

La central sindical ya mostró su desacuerdo con los presupuestos durante la fase de tramitación, tal como dejó patente en la Mesa Xeral de Negociación. En esa reunión el personal funcionario, representado a través de la Xunta de Persoal, emitió de manera unánime un voto contrario al conjunto de los documentos que configuran los presupuestos, un posicionamiento que se justificaba por la ausencia de la Relación de Postos de Traballo (RPT). Sostienen que debe ser en ese instrumento donde se creen, modifiquen o amorticen los puestos de trabajo.

El presupuesto municipal de este año fue aprobado en una sesión plenaria extraordinaria celebrada el 11 de agosto en el Centro Social do Mar con los votos del grupo de gobierno, formado por BNG y ACB, y con la oposición de PP y PSOE. Durante el debate se desestimaron las cuatro alegaciones presentadas, por lo que los grupos municipales de la oposición criticaron la falta de “voluntad política” del gobierno. Mientras, desde el ejecutivo justificaron que el informe de Intervención desestimaba esas reclamaciones y por tanto no procedía su aprobación.

Informe de Intervención

El dictamen del interventor subrayaba que las causas para alegar a los presupuestos minicipales vienen tasadas por ley y son tres: no ajustarse a los trámites establecidos, omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local o bien por ser de “manifiesta insuficiencia” los ingresos con respecto a los gastos consignados. El informe, que eludió entrar en el fondo de la mayoría de las cuestiones planteadas, manifestaba que no tenían cabida en los motivos establecidos en el artículo 170” del Real Decreto 2/2004.

Compartir el artículo

stats