“La elección de la residencia como criterio selectivo en beneficio solo de una parte de la ciudadanía no resulta adecuada por ser contraria al ordenamiento regular del espacio”. Es uno de los argumentos que esgrime la Valedora do Pobo para censurar las medidas aplicadas durante el verano por el Concello de Cangas para regular y restringir el acceso rodado a algunas de sus playas, que derivaron en críticas y denuncias por la supuesta discriminación a los visitantes foráneos. La institución gallega, que encabeza Mª Dolores Fernández Galiño y se define como “un alto comisionado del Parlamento de Galicia al servicio del ciudadano, para garantizar, con independencia, los derechos constitucionales y estatutarios y el principio de buena administración”, traslada al Concello de Cangas la “recomendación de que las medidas de control de acceso a los arenales del término municipal no se basen en criterios como la residencia en el municipio o similares, puesto que no resultan acordes con la igualdad de todos en el ejercicio del derecho de acceso a estos bienes de dominio público”.
El expediente de la Valedora se inició a raíz de la queja de una persona particular que alertó de la decisión del Concello de restringir el acceso rodado a distintos arenales y del desconocimiento del acto administrativo que lo sustentaba. No obstante, el Concello lo hizo público unos días después en su página web, junto al certificado del secretario municipal de la decisión unánime adoptada, el 15 de junio, por la Xunta de Goberno Local. Las restricciones de acceso rodado a las playas, excluidas las bajadas a Nerga, Menduíña y Liméns, por ser de titularidad provincial, y las de Rodeira y Vilariño por estar situadas en el entorno urbano, “no serán de aplicación a residentes del municipio o viviendas de segunda residencia”. Tampoco afectaban “a personas discapacitadas o con movilidad reducida, familiares o visitantes de viviendas situadas en zonas restringidas, a clientes de bares, cafeterías o restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos y aquellos casos que la Policía considere debidamente justificados”, así como a los vehículos “que pagan el impuesto de rodaje en Cangas”.
La demandante argumentó que dicho acuerdo del gobierno cangués no era conforme a derecho por contravenir flagrantemente la normativa vigente y suponer una prohibición abiertamente discriminatoria. Pidió su nulidad por falta de motivación de la decisión limitadora del ejercicio de derechos fundamentales por vulneración del derecho a la igualdad. Lo que está en cuestión no es la potestad, incluso obligación, de todos los concellos a adoptar medidas de prevención y control de la Covid-19, sino que esta debe basarse “en criterios objetivos o fórmulas de control no discriminatoria”. En síntesis, “la prohibición de acceso rodado a los no residentes es abiertamente discriminatoria”, por lo que el Concello debía revocar de oficio el acuerdo, alega.
En su “análisis” del caso, la Valedora do Pobo toma en consideración que las playas “forman parte del dominio público marítimo terrestre, por lo que pertenecen a todos”, tal como establece la Ley de Costas, y que ese derecho no admite “exclusiones derivadas de circunstancias tales como la residencia, el empadronamiento, la domiciliación del vehículo u otras circunstancias”. Dicha ley prevé, asimismo, que la utilización del dominio público marítimo terrestre, del mar y su ribera, y por tanto también de las playas, “será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél”. Añade que por esa causa debe garantizarse el acceso al mar y para ello “todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación.
La situación descrita, que molestó espacialmente a vecinos de los demás municipios de O Morrazo, de Vigo y su entorno, así como a turistas de paso, se enmarca en el estado de alarma decretado por las autoridades frente a la gravedad de la pandemia de Covid-19. La reclamante presentó su queja ante la Valedora do Pobo de firma paralela a su solicitud de revocación de oficio de acuerdo ante e Concello. Al margen de que esta última se admitiera o no, las medidas de restricción ya no estaban en vigor, pues el plazo finalizaba el 1 de septiembre y, en consecuencia, ya no se aplicaron a partir de esa fecha. Hasta entonces, la Policía Local impuso más de 200 denuncias por acceso o aparcamiento de vehículos en el entorno de las playas, entre ellas las motivadas por la falta de autorización. El jefe de la Policía, Alberto Agulla, reconoce que se produjeron algunas quejas, aunque da por hecho que la mayoría de la multas se cobraron a través de ORAL, el organismo de recaudación de la Diputación, que las gestiona por delegación del Concello de Cangas.
“La elección de la residencia como criterio selectivo en beneficio solo de una parte de la ciudadanía no resulta adecuada por ser contraria al ordenamiento regular del espacio”
El alcalde, Xosé Manuel Pazos, aclara que se trata solo de una “recomendación” de la que el Concello se “da por enterado”, no de un mandato de obligado cumplimiento, y recuerda que esas restricciones “para acceder en coche o moto, no a pie” se aplicaron en julio y agosto, los meses de verano con mayor afluencia de visitantes a las playas y en un contexto de pandemia de Covid-19 que obliga a aplicar medidas extraordinarias, pero ya no están en vigor desde el 1 de septiembre. No aclara si persistirá en ellas en la próxima campaña estival, aunque sí que “hay que salvaguardar la seguridad y los derechos” de vecinos y visitantes. El jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, insiste en que el dispositivo organizado durante el verano supuso un “esfuerzo adicional” para los agentes que resultó efectivo y está dispuesto a repetir a pesar de algunas críticas que considera infundadas, y recalca que, además de para prevenir contagios, también persigue evitar la saturación de vehículos que sufren algunas playas y las graves consecuencias para los residentes.
