La implementación de la protección de datos a través del nombramiento de un responsable o delegado de este área estará lista antes de final de año en el Concello de Bueu. El gobierno local apura las gestiones para adaptarse a la normativa vigente y ya ha contactado con varias empresas del sector para manejarse en un presupuesto que se movería entre los 4.000 y los 7.000 euros en el primer año, el de la implantación de esta ley a nivel municipal. A partir de ahí los costes anuales se reducirían de forma considerable, situándose en torno a algo más de 2.000 euros por ejercicio.
Desde el gobierno buenense se están barajando varias ofertas, ya que la idea es la de licitar el servicio a través de un contrato menor una vez estén listas las bases. De este modo, la incorporación del delegado sería casi inmediata, antes de final de año. Eso sí, posteriormente se quiere abrir un proceso selectivo para ofertar el servicio plurianualmente y mediante un concurso. En todo caso, la idea es contar con la figura externa de ese delegado que acudiría puntualmente al concello pero que sí estaría permanentemente abierto a consultas de todo tipo. Los servicios ofertados por las empresas incluyen asimismo una cobertura legal completa.
El vicealcalde de Bueu y concejal de Facenda, Julio Villanueva, y el edil de Cultura y portavoz del BNG, Xosé Leal, defienden la idoneidad de apostar por esta fórmula de contratación externa en detrimento de lo solicitado por el Partido Popular esta semana, la adhesión al convenio de la Diputación de Pontevedra, que no tendría coste para el concello. Villanueva subraya que optar por la vía provincial no resolvería el problema actual en el concello buenense, que no es otro que la ausencia de una persona que ejerza como delegado de protección de datos. Y es que en el convenio de la Diputación se exige que en un plazo de diez días el concello designe a un delegado.
“No hay nadie para ese puesto, bien porque no dispone de la titulación, de tiempo o bien porque no está dispuesto a asumir esas funciones. Ese es nuestro problema”, aseguran. Por ello piden a la portavoz popular, Elena Estévez, “que deje de columpiarse cuando desde el gobierno local lo único que queremos es contar con unos servicios de la mayor calidad aunque sean externalizados”. Y advierten a la dirigente popular de que “no dé lecciones de ser de izquierdas, porque las grandes privatizaciones en Bueu llegaron de su mano y de la de Tomás Barreiro”. En esta línea amplían sus críticas para instar a la portavoz del PP buenense a que reclame al presidente de la Xunta de Galicia “que deje de privatizar la sanidad, la educación, etcétera”.
Julio Villanueva resalta que “parece mentira que ella, que estuvo años como alcaldesa, no conozca el número de trabajadores y sus funciones y titulaciones. Más de un 60 por ciento son auxiliares administrativos”. Asumir con personal propio esta nueva plaza de delegado de protección de datos “significaría desnudar a un santo para vestir a otro. No queremos tampoco quitar tiempo a los trabajadores en el caso de que pudiesen o quisiesen esta responsabilidad”. Además, la creación de la plaza, señala, supondría un gasto inasumible para las arcas municipales, sobre todo en comparación con el coste que supondrá el tener a una empresa externa.
El Partido Popular presentó en el pasado pleno una moción para instar al gobierno local al nombramiento de un delegado de protección de datos, propuesta que fue rechazada por BNG y ACB alegando que ya se estaba trabajando en ello. Posteriormente los populares pidieron sumarse al convenio gratuito de la Diputación en lugar de contratar a una empresa privada.
