La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado la realizada por la coordinadora nacional de Esquerda Unida (EU), Eva Solla, para abrir una "investigación preliminar" sobre la supuesta vulneración de los derechos de las personas mayores en las residencias de Galicia durante la pandemia de covid-19, entre ellas la que gestiona DomusVi en Aldán. La formación progresista insta a esclarecer las circunstancias en torno al fallecimiento de muchos residentes sin llegar a ser trasladados a centros hospitalarios, y sobre la carencia de medios humanos y materiales para dar una respuesta digna al problema. Solla, que ayer explicó la situación en Cangas acompañada de Guillermo Crego y arropada por el alcalde, Xosé Manuel Pazos, concluye que la propuesta de investigación que impulsan en Europa tiene "una base sólida" y pide a los colectivos afectados que se sumen a ella para aportar datos y hacer fuerza.
La peticionaria considera que la privatización de las residencias de ancianos, junto con el recorte de gastos en los servicios públicos, ha provocado el deterioro de la atención que se presta y la crisis sanitaria por el coronavirus lo evidencia aún más. Solla presentó la iniciativa en junio, cuando ya habían fallecido 294 personas por esa supuesta "vulneración de derechos fundamentales", y aunque da por hecho que la investigación tardará meses en alcanzar conclusiones, espera que sirva para presionar a la administración -en este caso, la Xunta- y que tome medidas en adelante. Asociaciones como Vellez Digna ya han mostrado su adhesión a la causa, aseguran, y confían en que se sumen otros colectivos de personas afectadas.
Entre los derechos vulnerados, EU alude la discriminación de los ancianos en el acceso a los hospitales durante la crisis de la covid-19, marginándolos por razón de edad y excluyéndolos de la asistencia sanitaria que le corresponde al conjunto de la población. Pide a la Comisión Europea que verifique los hechos e inste a la Xunta de Galicia a cumplir la legislación y lo dispuesto en cuanto a la prestación de servicios de alta calidad y la protección de los derechos fundamentales europeos, que siguen vulnerándose a día de hoy.
Esas carencias también fueron denunciadas en reiteradas ocasiones por colectivos de familiares y el sindicato de cuidadoras Trega, que a través de Rede llevaron a los juzgados en el mes de junio. La primera denuncia presentada por ellos contra Domusvi fue archivada, pero luego el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Cangas abrió diligencias contra varios cargos de la Xunta y de Domusvi.
Las consecuencias de la investigación de Europa son más políticas que jurídicas, pero Esquerda Unida espera que sirva para mejorar la deficiente situación.
